Microscopio Social

2017: con recortes presupuestales muy delicados para Sinaloa

**Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

El presidente Enrique Peña Nieto ha admitido que el año 2017 será muy difícil para México; y de hecho, su vaticinio se comprueba en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017, el cual contiene muchos recortes financieros.

La declaración del presidente y la acción del recorte presupuestal demuestran que el país atraviesa por una crisis económica, misma que las propias autoridades federales no han querido reconocer. En nuestra opinión, esta crisis no se reduce a lo económico, sino que, por el contrario, se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, en la inseguridad, que ha calado fuertemente a casi todas las entidades del país; en la pérdida de valores en la sociedad y que se manifiesta en una descomposición social; en la democracia, ya que existe una pérdida de confianza en el sistema democrático, específicamente hay un rechazo a los partidos políticos y a los gobiernos de los tres niveles.

De igual modo, es necesario entender que los recortes económicos a los diferentes programas sociales y proyectos de desarrollo traen como resultado inmediato el empeoramiento de las condiciones de vida de la población, lo cual se traduce en un incremento negativo en los indicadores de la pobreza y pobreza extrema, la vivienda, la educación, la alimentación, la salud, entre otros ámbitos. Estas son las lamentables consecuencias.

Como se recuerda, para 2016 se había proyectado un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3.6%; sin embargo, los mejores pronósticos indican, ya transcurridos casi 10 meses del año, que este se comportará entre 2% y 2.6%. Con respecto al tipo de cambio con la moneda estadunidense, se había planeado sobre la base de 15.9 pesos por cada dólar; no obstante, en este momento se encuentra en 18.30. Otro elemento en contra es que para el presupuesto 2016 se elaboró sobre la base de cotizar el barril de petróleo en 50 dólares, pero el promedio alcanzado ha sido de 36 dólares por barril.

Sin duda alguna, los datos anteriores aunados a otros parámetros, como la caída en la explotación de petróleo, impactan en gran medida la economía del país y se reflejan en el PPEF 2017, por lo que, como siempre ocurre, los rubros más afectados serán aquellos que están estrechamente ligados con el nivel de vida de los mexicanos. Prueba de ello es que el sector educativo dejará de recibir 37,283 millones de pesos menos con respecto al 2016, lo que significa una disminución del 14.9 %; mientras que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), dependencia que  juega un papel de primer orden para el desarrollo y la innovación científica, tendrá una reducción presupuestal de 7,056 millones de pesos, lo que representa una disminución del 23.1 %.

Al afectar severamente a los ámbitos de la educación y la ciencia se demuestra que se continúa sin entender que dejar de invertir en estas políticas públicas es destinar al país al subdesarrollo y dejarlo en condiciones vulnerables. Esto es, no se ha comprendido que estos dos rubros son de suma importancia para revertir el contexto desfavorable en que actualmente se encuentra nuestro país en comparación con otras naciones que sí han invertido en estas áreas estratégicas.

Como si lo anterior no fuera suficiente, hay otras áreas de similar importancia que también se verán seriamente afectadas; me refiero a la agricultura, ganadería y pesca, cuyo presupuesto disminuirá en 22,669 millones de pesos, un 28.9 % menos que en 2016; por su parte, el sector salud presenta un recorte de 10,399 millones de pesos, lo que implica una baja del 10.5%, mientras que medio ambiente y recursos naturales dejará de percibir 19,721 millones de pesos.

En el caso de Sinaloa, al revisar los datos del PPEF 2017, nos damos cuenta de que hay una afectación en renglones clave, lo que es sumamente preocupante. Ya sabemos, por ejemplo, que las condiciones materiales y de infraestructura de diversos planteles educativos son precarias, razón por la que el gobierno federal le apostó al programa Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN) para resolver este problema.

A través del CIEN, se informó, se lograrían captar alrededor de 50 mil millones de pesos tras la colocación de bonos en la Bolsa de Valores, comprometiendo para ello el 25% del Fondo de Aportación Múltiple (FAM) por los próximos 20 años. Asimismo, se expuso que esos 50 mil millones se aplicarían en una programación establecida para cada entidad en los años 2015, 2016, 2017 y 2018; en nuestro caso, se haría a través del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE).

Ahora bien, en 2016, el ISIFE recibió 542.8 millones de pesos; sin embargo, para 2017 se le presupuestaron solamente 225.9 millones de pesos, es decir, 316.98 millones de pesos menos (el recorte fue de 59.7%). Con esta disminución, evidentemente las escuelas del nivel básico seguirán careciendo de los servicios elementales y continuarán con graves limitaciones en sus condiciones materiales.

Sin duda, hay más recortes presupuestales que terminarán por afectar la vida de los sinaloenses. Un ejemplo de ello ocurre en el renglón denominado Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, pues en 2016 se invirtieron 359.8 millones de pesos, los cuales se distribuyeron en los 18 municipios; no obstante, para 2017 el PPEF registra para este concepto las letras n. a., lo que significa no aplica, o lo que es lo mismo: no habrá un solo centavo para este rubro.

Los ejemplos anteriores son solo una muestra de los diversos recortes que vienen para Sinaloa. Sin embargo, lo más delicado es que en el desglose del documento se observan decenas de proyectos específicos para los cuales no está programado ningún peso para su ejecución, desde pavimentación de calles, construcción o rehabilitación de tramos de carreteras, puentes vehiculares, canales de riego, obras en el área de la salud, educación, servicios, etcétera.

Ante lo delicado de esta situación, es pertinente que los sinaloenses asumamos la magnitud del problema que el estado tiene, el cual se aumentará más aún en 2017; por ello, es de capital importancia que todos aportemos ideas, esfuerzos y acciones para tratar de encontrarle una solución a ese panorama poco halagüeño que hoy se vislumbra.

Gracias y que pasen un excelente fin de semana.

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Adeudo en becas a estudiantes, por parte del gobierno de Sinaloa

Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

Estamos a tres meses de concluir el sexenio encabezado por el gobernador Mario López Valdez. Recordamos claramente los compromisos que, de manera pública, estableció para dar el mayor de los impulsos a la educación y a otras políticas de carácter social, prometiendo que su gobierno sería “el mejor de todos los gobiernos”.

A quienes nos apasiona la educación, observamos con satisfacción los compromisos que en ese momento establecía el gobernador López Valdez; sin embargo, casi al concluir su mandato, aún podemos ver muchos problemas no resueltos.

Por lo pronto, uno que afecta directamente a los jóvenes, es el pago de las becas económicas; y junto a ellas, las de manutención.

El gobernador se comprometió, en el 2010, con un presupuesto suficiente, para lograr este propósito, pues afirmó que habría de: “rescatar de las adicciones a una juventud que, si no está perdida, está extraviada”.

Sin embargo, el pago de estos apoyos ha sido sumamente irregular, provocando que muchos estudiantes de diferentes niveles educativos, abandonen sus estudios, porque sus familias no pueden cubrir los gastos para su educación.

No hay duda que la principal causa de este problema es el recorte presupuestal que los gobiernos han aplicado a políticas públicas tan importantes como éstas, lo que reafirma que los gobiernos no entienden la importancia de dichos apoyos a los estudiantes, ni entienden de educación.

Durante el ciclo escolar 2014-2015, la SEP erogaba para Sinaloa más de 120 millones de pesos de presupuesto, para becas a estudiantes de nivel medio superior; para el ciclo 2015-2016, el presupuesto se redujo 112 millones.

Con la reducción del presupuesto anunciado para este año, en este rubro, nuestro estado tuvo un recorte de 24 millones de pesos, por lo que recibió sólo 84 millones. Si anteriormente se les otorgaba becas a 12 mil 500 estudiantes, con este recorte el número de beneficiados es de sólo 7 mil 500 alumnos.

Según datos de la página, “Beneficiarios de Becas de Manutención, Sinaloa”, en el ciclo escolar 2012-2013 no se pagaron cuatro meses de becas; es decir, 28 millones de pesos; en 2014-2015, se adeuda un mes, lo que equivale a 11 millones de pesos; en 2015-2016, se deben cuatro meses, equivalentes a 28 millones de pesos. Es decir, en total: 67 millones de pesos.

Estas limitaciones económicas perjudican principalmente a la educación pública.

Para darnos cuenta de la magnitud del problema, recordemos que en el país existen más de 3 mil 700 institutos de educación superior, donde estudian más de 4 millones de estudiantes. Tan sólo en Sinaloa se encuentran 21 universidades, entre públicas y privadas.

Las universidades públicas atienden al 42 por ciento de los estudiantes; es en estas instituciones donde se realiza la mayor parte de la innovación científica y tecnológica de nuestra nación.

Aquí en Sinaloa, tan sólo la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS, tiene presencia en todo el estado con 106 planteles de bachillerato, 178 licenciaturas y 68 programas de posgrado. En ella estudian 154 mil estudiantes, en todos los niveles, de los cuales, 43 mil 930 son de nuevo ingreso.

Es un hecho que la mejor prevención para los problemas de adicciones y violencia es contar con una educación de calidad. Por ello, es un error recortar los presupuestos cuando se trata de apoyar a la formación de nuestra niñez y juventud. Además, por el alto nivel de pobreza que existe en nuestro país, la educación es el único medio que tienen los jóvenes de forjar un mejor futuro. Sin duda, es el mejor igualador social.

No ha habido hasta ahora una explicación clara del gobierno del estado, por el incumplimiento de las becas; tampoco han dado información acerca de si cubrirán estos adeudos.

El martes 27 de septiembre pasado, la diputada, María del Rosario Sánchez Zatarain, propuso ante la última reunión de la Diputación Permanente de la Legislatura LXI, que el Secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, compareciera ante el Poder Legislativo y explicara, de manera precisa, cuales han sido las dificultades para cumplir a los estudiantes.

Este sábado 1° de octubre, tomaron protesta los diputados que conforman la 62 Legislatura; y, ante ello, considero que nuestros legisladores deben asumir el compromiso de retomar esta problemática, que afecta a miles de jóvenes sinaloenses.

Sin duda alguna, los legisladores que inician esta diputación asumen muchos retos; sin embargo, en la medida en que atiendan la gestión social, se ganarán la confianza de los ciudadanos y colaborarán en la construcción de una mejor sociedad.

Gracias y que pasen una excelente semana.

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20 pesos por dólar no afectará los ingresos de la familia: SHCP

Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

 

El 21 de septiembre, Luis Madrazo Lajous, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, declaró que la depreciación del peso frente al dólar no afectará a los ingresos de las familias mexicanas, que es solamente “un efecto psicológico”. En realidad no sabemos si esta aseveración es una broma, pero de lo que estamos seguros es de que es una ofensa a los mexicanos.

 

Decir que la depreciación del peso solo tiene efecto psicológico  expresa, además, una visión limitada sobre la comprensión acerca de cómo se mueven y reaccionan las variables económicas y financieras. Muestra, también una ausencia de medidas de control; es decir, en el libre juego de la oferta y la demanda, esta última será más dinámica y en consecuencia la depreciación seguirá en aumento.

 

Se sabe bien que la depreciación del peso tiene como efecto ganadores y perdedores. En el primer caso están los industriales exportadores, los  que reciben visitantes extranjeros o divisas vía remesas. Entre los perdedores se encuentran millones de mexicanos, los ciudadanos comunes que padecen los efectos de la inflación que ya están provocando el aumento de precios a los productos, primeramente de las mercancías que dependen de manera directa del extranjero.

 

Ahora bien, aunque algunos pocos comerciantes aumenten el valor de sus ventas también se enfrentan a un incremento del costo de sus insumos. Es una consecuencia negativa de este proceso financiero, también, el acrecentamiento de la deuda en dólares que tienen muchas empresas.

 

Ahora bien, en el caso del sector turístico, a pesar de que pareciera que sería una ventaja por el atractivo del menor precio del viaje o de la estancia en nuestro país, hay que considerar que muchos de los paquetes turísticos, los hoteles y los vuelos tienen tarifas que fueron determinadas con anticipación y que no se ajustan a la depreciación del dólar.

 

La llegada del dólar a los 20 pesos en días pasados revivió la angustia en los hogares del país. Los efectos negativos son reconocidos por el INEGI, que en su más reciente cálculo reconoció que la inflación se aceleró en la primera quincena de septiembre, registrando mayor alza que en los últimos dos años, con aumentos de precios de productos alimenticios básicos como el huevo, el tomate, el pollo, cebolla y pan dulce.

 

De igual forma la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) comunicó que las medicinas alcanzarán incrementos de precios de hasta 35% en los meses que faltan del 2016, pues el 99% de la materia prima para elaborar medicamentos es de importación. El presidente de la Unefarm, Juvenal Becerra, señaló que en los primeros meses del año los medicamentos nacionales ya subieron 10% y los importados 20%, y resaltó que aquellos que más aumentos registran son los relacionados con las principales enfermedades que aquejan a los mexicanos, como la diabetes, hipertensión o gripes, así como todos los antibióticos, analgésicos, medicamentos cardiovasculares y todo tipo de material de curación.

 

También, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera Vega, dijo que la depreciación del peso frente al dólar provocará mayor presión en los costos de los productos de los sectores eléctricos, electrónico, metal, mecánico, manufacturero y del calzado. La lista es larga, por lo que es un hecho que para todos los comerciantes será mayor  la presión a subir precios.

 

Aun cuando esta situación parece ser minimizada por el gobierno federal, representado por Luis Madrazo L, el propio titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade, expuso en su comparecencia del jueves pasado en la Cámara de Diputados, que el paquete económico 2017 se hizo bajo “señales de alerta” ante la depreciación del peso y los bajos precios del petróleo.

 

Durante su comparecencia ante diputados, Meade dijo que se haría muy mal en desoír las señales que indican la complejidad económica del entorno externo que se refleja en las variables internas como el precio del petróleo y el tipo de cambio, las cuales “exigen acciones contundentes”. No obstante, pese a reconocer el problema, Meade no especificó qué acciones realizará el gobierno para detener la devaluación y evitar sus efectos negativos en las familias mexicanas; la postura de dicho Secretario es ambigua y lejana del sentir popular; sin un compromiso claro que anime a la gente, lo que puede interpretarse como dar por hecho la pérdida del poder adquisitivo en las familias. Hasta hoy no ha habido un pronunciamiento de las autoridades del Banco de México sobre el acelerado desgaste de la moneda mexicana.

 

En consecuencia, es previsible que en los próximos meses se anuncien nuevos incrementos de precios de productos y servicios, y con ello el malestar ciudadano crezca también, pero seguramente el gobierno dirá que hay que enfocarse en las cosas buenas, que son las que cuentan.

 

Recordemos que el tipo de cambio fijo a 12.50 pesos por dólar duró 22 años, llegando a su fin en 1976. Entre el año 2000 y el 2015 el precio del dólar pasó de 10 a 15 pesos y  en este 2016 que aún no termina,  subió otros 5 pesos, con las repercusiones estructurales que ya hemos mencionado. A este ritmo, lo único seguro que tienen los mexicanos es una mayor precariedad en su forma de vida.

 

Las cosas sí tienen remedio, pero se necesita querer que este país mejore, aceptar el adverso diagnóstico y actuar en consecuencia, sin dilación y con resultados. Sin duda, es urgente para este país y sus ciudadanos gobiernos sensibles y una nueva generación de funcionarios públicos más atentos al bienestar concreto de las familias y menos ocupados en privilegios y absurdas justificaciones teóricas.

 

Finalmente, tal parece que el único que cree en las desatinadas declaraciones del titular de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP es el presidente Enrique Peña Nieto, pues afirma que si el dólar vale 20.00: “no significa que se esté sufriendo una crisis en el país; se están generando empleos, hay crecimiento económico y una baja inflación”. La pregunta es ¿cuántos mexicanos estamos convencidos de lo anterior?

 

Gracias y que pasen una excelente semana.