POLITEiA

24 de diciembre de 2021

César Velázquez Robles

Concluía mi colaboración de ayer jueves 23, con un claro deseo: que el desencuentro entre el Instituto Nacional Electoral con el poder legislativo encontrara un cauce adecuado de solución, basado no en la fuerza ni en el propósito de avasallar al que piensa diferente, sino en el reconocimiento y aceptación de la legalidad y la institucionalidad democrática. Lo expresé así: “El asunto no es menor. Se trata de un desencuentro, de un desacuerdo entre instituciones de Estado. Que puede y debe ser tratado con respeto, sin el recurso del lenguaje endurecido que lamentablemente ha imperado en estos días. De lo que si podemos tener certeza es de que la respuesta del INE será apegada a la legalidad, en defensa de la institucionalidad democrática. Esa será la mejor contribución a la distensión de un ambiente enrarecido con el que desafortunadamente estamos cerrando el año.”

Para dar un seguimiento más o menos cronológico a los acontecimientos, el miércoles 22 por la noche, una vez conocida la decisión de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por dos magistrados instando al árbitro electoral a asegurar la continuidad de todos los trabajos en la perspectiva de la realización de la consulta de revocación de mandato, altos dirigentes de morena y del partido oficial en la Cámara de Diputados celebraron la decisión casi como si fuese la última palabra en este tema, y el asunto hubiese quedado ya saldado en definitiva. Con un estilo burlesco, un diputado dijo, en referencia al comisionado presidente del INE, ¡Lástima, Lorenzo!”, recordando aquella expresión de concurso “¡Lástima Margarito!” Por la mañana del jueves, el presidente López Obrador también elogió la decisión de la Comisión de Receso, y apuntó que si el INE no la acataba, la consulta podría ser realizada por una docena de casas encuestadoras, con voluntarios, cuyos resultados, obviamente, tendrían la fuerza política y moral de provenir del pueblo. Mayor desprecio por las instituciones democráticas que la sociedad mexicana ha construido en estos años, es difícil encontrar. No importa transgredir la legalidad, violentar el orden constitucional. Esa es una de las formas preferidas de mandar al diablo las instituciones.

El asunto podría no haber pasado a mayores. Este jueves, uno de los comisionados del INE, Ciro Murayama, publicó un tuit diciendo: “El INE pospuso la revocación de mandato por falta de recursos; Morena ya acudió al tribunal electoral del PJF: lo que buscábamos; Fue ante la SCJN: lo que hicimos antes en el INE”. Más o menos al mismo tiempo, el comisionado presidente emitió una declaración afirmando que el árbitro electoral acatará la decisión de la Corte, pero estará atento a la resolución de fondo de la controversia, puesto que este fallo de la instancia judicial no abordó el asunto, que tiene que ver con la afectación presupuestaria para cumplir con lo que mandata la ley.

Hasta ahí, podemos decir que todo se desarrolla conforme lo establece la ley. Las partes litigantes –que insisto, son órganos de Estado; no son organizaciones no gubernamentales, y se entiende que entre iguales debe imperar el respeto y el reconocimiento mutuo— cumplen sus funciones. Todo ello forma parte de lo que hemos dado en llamar la normalidad democrática, el apego a la legalidad, al Estado de Derecho. Si se acude a las instancias establecidas en la ley para resolver estos diferendos, ¿por qué un personaje menor, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presenta su querella ante la máxima autoridad judicial, pero además presenta una denuncia penal contra los seis comisionados que votaron por la posposición de la convocatoria a la revocación de mandato? Es absurdo. No tiene ningún sentido, salvo el de que se pretenda alimentar el conflicto, mantener la campaña de desprestigio contra el INE, insistir en la estrategia de acoso y derribo que se ha puesto en marcha para eliminar todo contrapeso a un ejercicio arbitrario de poder.

Así, con este despropósito protagonizado por el presidente de la mesa directiva de la Cámara baja, nos vamos en este fin de año. Lo más seguro es que la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República tenga que ser retirada pero mientras tanto, ahí queda como demostración de que cuando no hay respeto, tolerancia y reconocimiento a quien piensa diferente, se activan los peores resortes autoritarios y atrabiliarios del poder.
Le seguimos el año que entra
Esta colaboración marca el cierre de fin de año. Seguiremos esta conversación con el arranque de 2022. Para mí, este intercambio que iniciamos por allá en marzo pasado, ha sido muy enriquecedor. Me ha permitido exponer con entera libertad mis puntos de vista, confrontarlos y abrir un espacio a la crítica y a un diálogo casi siempre constructivo. Ojalá que este espíritu de tolerancia que entre nosotros ha imperado en este tiempo, sea el signo de la relación respetuosa que es deseable mantener en el futuro.
Deseo para todos ustedes lo mejor de lo mejor en este fin de año y en el año por venir.

23 de diciembre de 2021

César Velázquez Robles

Decía, a propósito del debate sobre la revocación de mandato, que la prevalencia de un discurso fincado en una lógica de guerra, como las declaraciones que han inundado el espacio de lo público, violentaba lo que se ha dado en llamar normalidad democrática. Decir, por ejemplo, que la posición del Instituto Nacional Electoral (INE) de posponer la realización de la consulta constituía un “golpe a la democracia”, o afirmar que el caso podría llevarse a la instancia de juicio político contra los seis consejeros que votaron a favor de la posposición, o anunciar que los integrantes de ese órgano de Estado que así votaron podrían ir a la cárcel, es sacar las cosas de quicio. El Estado de derecho presupone una serie de pasos y de recursos a los que los actores o protagonistas de los conflictos entre poderes pueden acudir para hacer valer sus derechos, razones o argumentos, y que deben atenderse, precisamente para garantizar que habrá de imponerse en nuestra convivencia el imperio de la ley.

Así, decía, cada uno de los actores ha presentado sus argumentos: el INE para interponer una controversia constitucional en reclamo de los recursos necesarios para la consulta, y luego para posponer la convocatoria, reclamando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el apoyo a sus demandas. Hasta aquí, el proceso ha seguido una impecable lógica jurídica. Bueno, eso creo. Se daba por hecho que, al entrar ya prácticamente en periodo vacacional, los trabajos de la Corte también entrarían en receso y que no sería sino hasta vuelta de año que se abordarían los pendientes en esta materia. La Cámara de Diputados, a través del presidente de la mesa directiva, por su parte, presentó también una controversia constitucional ante la Suprema Corte contra el árbitro electoral, por el aplazamiento indefinido del proceso revocatorio. Hasta ahí, todo normal, insisto, en el marco de la legalidad institucional.

Pero hete aquí, que aparece en el escenario el llamado Comité de Receso de la Corte, integrado por dos magistradas, Yasmin Esquivel y Margarita Ríos-Farjat, quienes admitieron a trámite la controversia del diputado presidente de la mesa directiva de la cámara baja, y concedieron la suspensión solicitada contra la decisión del INE, es decir, para que la posposición acordada por el árbitro electoral no surta efecto y cumpla en los plazos establecidos con lo que mandata la Ley de Revocación de Mandato, ya que la suspensión del proceso pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a revocar el mandato presidencial. En realidad, los trabajos del INE no se han suspendido del todo, pues el acuerdo que se adoptó en días pasados, establece la continuidad del recuento y revisión de las firmas en demanda de la realización de la consulta revocatoria.

Si el Tribunal Electoral del PJF actúa en la misma línea que el Comité de Receso, el INE quedará contra la pared, pero como órgano de Estado que es, tendrá que asumir la decisión de órganos colocados por encima de su autoridad. Si se tiene que pronunciar, es probable que se coloque en esa tesitura, pero quedará pendiente todavía el asunto que motiva la litis y sobre el que la Suprema Corte no se ha pronunciado: el de los recursos necesarios para llevar a cabo la consulta de acuerdo a lo que establece la Constitución y la Ley de Revocación de Mandato.

No soy especialista en el tema y la jerga legal me es ajena, y puede que mi idea expresada líneas arriba en el sentido de que la controversia no está aún resuelta esté equivocada, pues en el comunicado de prensa emitido por la Corte puede leerse lo siguiente: en consecuencia, el INE debe continuar “con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 1,503 millones de pesos el cual constituye un indicador de viabilildad financiera.”

El asunto no es menor. Se trata de un desencuentro, de un desacuerdo entre instituciones de Estado. Que puede y debe ser tratado con respeto, sin el recurso del lenguaje endurecido que lamentablemente ha imperado en estos días. De lo que si podemos tener certeza es de que la respuesta del INE será apegada a la legalidad, en defensa de la institucionalidad democrática. Esa será la mejor contribución a la distensión de un ambiente enrarecido con el que desafortunadamente estamos cerrando el año.

22 de diciembre de 2021

César Velázquez Robles

Estamos entrando en la recta final del 2021. Ha sido un año bastante complicado. Siento que estamos perdiendo el rumbo como colectividad, porque ha imperado el desencuentro, la crispación y la polarización. Estos días, a propósito de la disputa por la revocación de mandato, lejos de propiciar un mínimo acuerdo entre los actores de nuestra vida pública, nos han distanciado más, abriendo una profunda brecha: la nuestra es ahora una sociedad fracturada, escindida, por más que la figura presidencial pueda presumir altos niveles de aceptación y popularidad, a los que, por lo demás, no fueron ajenos presidentes como Fox y Calderón.

Pero “dum spiro spero”, como solía decir el camarada Trotsky.  Mientras hay vida, hay esperanza. Y no hay que perder la esperanza de que Dios ilumine a todos y sepamos encontrar las convergencias necesarias para (re)construir un sólido entramado democrático que respete la legalidad, el Estado de derecho; que reconozca el valor de un modelo de control recíproco para una convivencia civilizada; la importancia de los órganos de Estado con autonomía constitucional, y que neutralice las consecuencias y efectos más nefastos de una espiral incontrolable de violencia e inseguridad que se expresa en un indicador brutal: más de 100 mil muertos en escasos tres años de gobierno.

En este fin de año, me gustaría hacer un balance que dijera algo así como esto: la democracia mexicana se ha consolidado. Las libertades democráticas, el pluralismo, la tolerancia, se han afirmado como los pilares básicos de la convivencia colectiva. El país tiene rumbo. Tiene viento favorable porque sabe a dónde va. Nuestro gobernante es un estadista, porque, como dice Agnes Heller, ofrece a cada ciudadano un proyecto compartido de nación, libre de prejuicios. La paz y la tranquilidad, la seguridad física y jurídica de cada mexicano, ha sido garantizada, haciendo que por primera vez en muchos años, el Estado cumpla con su responsabilidad primigenia. Nuestra vocación republicana se ha afianzado, el Federalismo ha roto con su tradición centralizadora, y las regiones despliegan toda su potencialidad, desarrollando formas de cooperación que estimulan un crecimiento equilibrado. Gracias a esta cooperación y a convergencias estratégicas de todos los sectores, el país ha logrado un crecimiento sostenido, enfrentando la crisis sanitaria y económica que recorre el mundo. Tenemos un horizonte más despejado, y nos preparamos para que este tramo final del gobierno fortalezcamos nuevos consensos para enfrentar unidos en la diversidad, los retos y desafíos del futuro.

Un capital político que no construyó capital social

Bueno, algo de esto he escuchado en los informes que frecuentemente ofrece el presidente. Pero nada –o casi nada– es realidad. Punto por punto, caminamos hacia atrás. Es una lástima que habiendo podido construir con ese enorme capital político un enorme capital social, se haya dado a la tarea de confrontar, a exhibir sus prejuicios, a dividir la sociedad, con su vieja concepción maniquea, en buenos y malos. No hay país que pueda tolerar por mucho tiempo esa forma de gobernar. Así, solo se van acumulando más rencores, más resentimientos, más barreras que nos separan como mexicanos. Y una sociedad dividida solo puede aspirar a ser rehén del presente y a tener su futuro hipotecado.

Con ello no quiero decir que haya que renunciar a expresar nuestros desacuerdos y desavenencias. Lo que quiero decir es que el poder no debe ser utilizado para alimentar los prejuicios, sino para buscar los acuerdos elementales que den curso a una mejor convivencia; y que debe entender que una democracia solo puede sobrevivir si dispone de un sistema de contrapesos que impida todo ejercicio arbitrario de ese poder. Más todavía, cuando ese poder político, como hoy en México, está excesivamente concentrado, y que obliga a un comportamiento ético y moral que reconozca en los adversarios interlocutores legítimos con quienes puede y debe dialogar, tender puentes de entendimiento y construir consensos al tiempo que respeta los disensos.

Si, ya sé que no es fácil. Menos, cuando ese poder viene de una cultura autoritaria largamente sedimentada en nuestra práctica política. Cuando desde el poder se recurre a un lenguaje endurecido, de madera, que solo arroja bloques en el espacio público, no puede ser factor de unidad. No tengo ninguna duda de que, por ejemplo, frente a los asuntos que hoy ocupan un espacio privilegiado en la agenda pública como la revocación de mandato, si el recurso del diálogo se impusiera –y que se imponga debe ser una exigencia, pues los protagonistas: ejecutivo, legislativo, judicial y órganos autónomos que son órganos de Estado— podrían acercar posiciones, pero si lo que impera –como ocurre en realidad—es un lenguaje excluyente, que descalifica, se agranda la brecha, se profundiza el conflicto, se ahondan las contradicciones.

Corresponde al poder la responsabilidad de distensar el ambiente. Por la simple y sencilla razón de que debe ser el articulador de los consensos, y preocuparse de incorporar el disenso a un proyecto común: consenso y disenso son las dos caras de la moneda de todo orden democrático. Y el lenguaje es clave. Ahora que tanto felicitan y se felicitan por el triunfo de Gabriel Boric en Chile, deberían leer y releer el discurso, sobre todo en la parte y en los términos en que se refiere a su adversario ultraderechista, a quien reconoce como una parte fundamental de la vida política chilena, y con quien deberá de contarse para construir juntos un mejor futuro para todos. Si tan solo con esa lección se quedasen, estoy seguro de que otro gallo podría cantarnos.

En fin, creo que el balance que nos deja el 2021 no es muy bueno. No hay entre nosotros un ambiente de concordia, de cooperación, de respeto. De mantenerse esta dinámica, los acontecimientos políticos del futuro inmediato y mediato harán del espacio público un campo de confrontación que seguramente dejará vencedores pero a un costo político gigantesco.