Opinión

16 de diciembre de 2021

César Velázquez Robles

Quedan sólo diez días para para completar los 2.75 millones de firmas requeridas a fin de solicitar la convocatoria al ejercicio de revocación de mandato. Han transcurrido 45 días desde que inició este proceso, y lo que para algunos de sus promotores sería un día de campo, se ha convertido en un verdadero tormento. El recurso a la chapuza ha sido norma invariable de conducta, agregando firmas falsas, credenciales alteradas, datos de personas fallecidas o que han perdido sus derechos político-electorales y cuanta trampa está disponible, y ni con todo ello se acercan al objetivo. Y es que se trata de una convocatoria fraudulenta, de un vulgar engaño del que se pretende hacer partícipe a la ciudadanía, llamándola a firmar no para la revocación, sino para la ratificación de mandato, esto es, para que continúe en su cargo el presidente López Obrador, figura no considerada en la ley correspondiente. De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral, el avance de la recolección de firmas electrónicas es de tan solo el 31 por ciento de los 2.75 millones. Sin embargo, una de las organizaciones promoventes, Que siga la democracia, afirma haber entregado un total de 2.1 millones más de firmas que, junto a las ya reconocidas, sobrepasaría el objetivo, pero que seguirán trabajando para reunir unos cuatro millones.Creo, sin embargo, que pese a todas las chapuzas, no lograrán reunir las firmas requeridas. Si a estas alturas, con un corte al 14 de diciembre ciframos en un millón las firmas reconocidas por el árbitro electoral, es difícil suponer que en 10 días más podrán añadir 1.5-1.7 millones más. La abreviación de los plazos opera en contra de las intenciones de los promotores, y no alcanzar la meta será un fracaso del lopezobradorismo. No hay ambiente ni condiciones en las filas del partido-movimiento para tensar sus resortes internos y convocar a una lucha política realmente inexistente, la ciudadanía está más interesada en los asuntos de su vida cotidiana y las oposiciones están más ocupadas en su sobrevivencia que en enfrentar al poder. Todo esto, entonces, está resultando anticlimático porque simple y sencillamente, el poder, ningún poder, convoca bajo ninguna circunstancia, a una consulta para su revocación. No sucede en un régimen presidencialista y en un régimen parlamentario, la mayoría en el Congreso no promueve una moción de censura contra el gobernante surgido de sus filas. El Instituto Nacional Electoral ha quedado entre la espada y la pared. Presentó las necesidades presupuestales para 2022 e incluyó una partida precautoria en caso de que se junten las firmas para la consulta. Los diputados no solo no la incorporaron, sino que redujeron los recursos de que dispondrá para el año próximo. Ante una situación de hechos consumados, interpuso ante la Suprema Corte una controversia, y el poder judicial resolvió que el árbitro electoral está obligado a hacer los ajustes presupuestales necesarios a fin de garantizar la realización de la consulta. El argumento: “La Corte no puede pronunciarse sobre la suspensión de los efectos presupuestarios, porque todavía no existe afectación alguna al Instituto”.El asunto es que el INE está materialmente imposibilitado para llevar a cabo la consulta, insisto, en caso de que se reúnan las firmas necesario, cosa que sigo poniendo en duda. Tiene que instalar unas 165 mil casillas en todo el país, como si fuese una elección presidencial, capacitar personal, garantizar la presencia de casi un millón de ciudadanos en las mesas receptoras, y todo ello requiere cuantiosos recursos, de los que no dispone. ¿Qué puede hacer en tales condiciones? En una declaración firmada ayer 15 de diciembre, señala lo siguiente: “En la medida en que el acuerdo (del ministro de la Corte) lo único que expresa es la imposibilidad de pronunciarse sobre la suspensión solicitada, en tanto no se concrete la convocatoria, no hay impedimento jurídico alguno para que el INE tome determinaciones para resolver el dilema constitucional en el que la Cámara le ha colocado; esto es, que se decida si se realiza la Revocación de Mandato con el presupuesto insuficiente que se tiene, incumpliendo con ello reglas y principios que le rigen, o bien, se pospone hasta en tanto no se tengan los recursos financieros suficientes y necesarios para ello.

”No será fácil resolver el dilema. Decidir hacer la consulta con recursos insuficientes que provocarían incumplir con reglas y principios, más allá del resultado, desataría una nueva ofensiva contra el INE y sus comisionados; no hacer la consulta hasta en tanto no se tengan los recursos suficientes, desataría una grave crisis política: los comisionados serían acusados de desacato, de violentar la ley de revocación de mandato, se demandará juicio político y la escalada de confrontación se aceleraría, con la consecuente crispación y polarización. En cualquier caso, escenario sombrío. ¿No lo cree así?

15 de diciembre de 2021

César Velázquez Robles

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suspender parcialmente el acuerdo del gobierno federal que consideraba las obras de infraestructura estratégicas como de interés general y de seguridad nacional, es una más en la larga cadena de derrotas que acumula Andrés Manuel López Obrador. Es, sin duda, una derrota jurídica pero, ante todo, es para el poder una enorme derrota política. Demuestra que pese a todos los esfuerzos por violentar el Estado de derecho, sigue funcionando el modelo de control social recíproco propio de un régimen democrático basado en la división de poderes. La argumentación de los magistrados consideró válidos los razonamientos esgrimidos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, uno de los organismos dotados de autonomía constitucional, en el sentido de que el “decretazo” del gobierno federal invadía la esfera de atribuciones que la Carta Magna le concede para determinar la naturaleza clasificada o reservada de la información pública. Al decidirlo así, los demócratas, todos aquellos que han luchado durante años por romper con la cultura de la secrecía y la opacidad del poder, deben sentirse satisfechos y celebrarlos como un importante triunfo que garantiza el derecho de acceso a la información y la defensa de la institucionalidad democrática.

Esta cultura de la opacidad y la secrecía, como todos sabemos, expresa la resistencia del poder, de todo poder, a la transparencia y la rendición de cuentas. Es la negativa férrea a poner bajo escrutinio público el quehacer de las instituciones. Es el modus operandi de un ejercicio arbitrario del poder que no acepta controles, y que considera los asuntos públicos como una extensión de los asuntos privados. No es gratuito por ello, que alrededor del 80 por ciento de todos los contratos públicos se hayan decidido sin licitación, violentando la legalidad en la materia y abriendo el camino a hechos de corrupción, que han sido claramente denunciados por organismos internacionales en la materia, que ubican a nuestro país como uno de los más corruptos del mundo.

Con la decisión de la Suprema Corte, el “decretazo” tiene una vida efímera, pues el poder judicial entiende que la decisión gubernamental de considerar la construcción de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía como obras de interés general y de seguridad nacional, “se encuentra relacionado con un régimen de opacidad y secreto que no se ajusta a las directrices establecidas para la aplicación de excepciones al derecho de acceso a la información”. Esta argumentación está en línea con la tesis sostenida por el propio INAI que en su demanda planteó que “la suspensión solicitada no constituye un peligro a la seguridad nacional porque no se encuadra en ninguno de las premisas normadas, es decir, no existe amenaza o riesgo que enfrente el país ni su defensa legítima, no se pone en riesgo la soberanía, independencia nacional o la defensa del territorio, no hay vulneración al orden constitucional, al fortalecimiento de las instituciones democráticas o a la unidad de las partes integrantes de la federación y, no se atenta en contra del desarrollo económico, social o político de México”.

De ahí, que la Corte haya considerado como “procedente… que se suspendan todos los efectos y consecuencias del acuerdo impugnado que deriven de catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para tal efecto”.

No se trata de una resolución definitiva, ni tampoco es total. Es parcial y puede reconsiderarse. Pero indudablemente es un triunfo democrático. Es una buena noticia que sigue funcionando el modelo de control de nuestro ordenamiento democrático, pese a los excesos y arbitrariedades del Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones. Se trata ahora de hacer justamente que decisiones de esa naturaleza contribuyan a reducir los espacios que en nuestra convivencia ocupa la cultura de la desconfianza en las instituciones.

El conflicto alcalde-Congreso seguirá escalando

Estaba cantada la decisión del Congreso con relación a las tablas catastrales: no se autorizaría la actualización o aumento de las tablas catastrales del 6 por ciento que demandaba el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, sino aumentos menores de entre 2.5 y 4.0 por ciento. Era también evidente el enojo, la molestia, el coraje, la irritación del presidente municipal. Así lo dejó ver en su intervención de 30 minutos en la tribuna congresual, en defensa de su propuesta, que en realidad fue montada por los diputados como una válvula de escape frente a una decisión que, se sabía, provocaría la muina del primer edil.

Pero si a alguien no le gusta hablar de “florecitas y amores míos” con los diputados ni con el gobernador Rubén Rocha Moya es al presidente municipal. Su lenguaje directo y llano, ese estilo vitriólico que tiene de dirigirse a algunos de los interlocutores que no quiere –y que tampoco lo quieren a él— vuelve imposible encontrar un espacio común de entendimiento. Pidió a los diputados votar en conciencia y a que no se llenen la boca hablando de la 4T y de “por el bien de todos, primero los pobres”. Se comprometió a renunciar –fíjese usted bien, qué despropósito, como si ya la tuviera en la bolsa— a la candidatura al Senado de la República, si sus señorías le autorizaban el incremento al predial solicitado, y asumir los costos políticos que tal decisión significaría. Todo ello, para terminar con este llamado. “Yo apelo a la conciencia de ustedes, a la dignidad como personas, que se les respete y voten como les pegue la gana, no como les digan, voten a conciencia. Muchas gracias por escucharme. Les reitero mi respeto a todos. Yo digo las cosas como son. A mí no me manda el gobernador ni los diputados, más que cuando hagan leyes que las tengo que aplicar.”

¿Cuál es el futuro de este enfrentamiento? El mismo de los años precedentes. El alcalde interpondrá un recurso ante la Corte. La Corte tomará cartas en el asunto. Decidirá como lo hizo ya hace tres años, en su favor. Obtendrá un triunfo moral. Ahondará la brecha con el Legislativo. No será candidato al Senado, pues su valedor –bueno, eso dice él— López Obrador, ya irá de salida. Creo que, al igual que hace tres años, cuando el tema se abordó al definir el presupuesto de 2019, el alcalde tiene razón. Y se siente legitimado por el respaldo que tiene del Tribunal. El problema es que le falta esa pizca de sensibilidad… que tampoco tienen los de la tienda de en frente, aunque trabajen para la misma firma.