Debo decir que los temas analizados fueron muy oportunos de acuerdo con el momento que vive el país. Específicamente, el costo de la corrupción fue el tema que abordaron los titulares de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, los gobernadores de los estados de Baja California Sur, de Hidalgo y de Querétaro. De igual forma se habló sobre los retos del Sistema Nacional Anticorrupción en la perspectiva del Comité Coordinador, donde hubo importantes participaciones de los titulares de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, del presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y de los representantes de organizaciones no gubernamentales.

El objetivo del evento fue reflexionar sobre los retos del Sistema Anticorrupción que existen a nivel nacional para su funcionamiento y su coordinación con las entidades para garantizar la participación de la sociedad en dicho Sistema.

En la reunión se aportó mucha información  interesante que confirma lo que en repetidas ocasiones he comentado: la corrupción y la impunidad son dos de los grandes problemas que mantiene al país en la crisis económica, política y social en la que vivimos desde hace años. Gustavo de Hoyos, por ejemplo, afirmó que “Entre 8 y 10 % del PIB podría estar siendo extraído por la corrupción que se da en los distintos órdenes de gobierno.” Y advirtió, “Tenemos un gran reto si consideramos que el crecimiento de la economía está llegando a 2%.  Estamos hablando prácticamente de cuatro años de crecimiento económico”.

Otro dato importante lo proporcionó un estudio  del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) donde se afirma que “En general, la cifra del monto promedio anual del ingreso que los hogares destinan a pagar actos de corrupción es del 14 % […], y 33 % de estos perciben solo un salario mínimo. Es decir, la corrupción representa un impuesto regresivo considerable para los más pobres”. Estos son datos aterradores para un país donde se quiere combatir el grave problema de la corrupción.

Por otro lado, fue motivante corroborar la coincidencia que hay entre la COPARMEX Nacional y el Capítulo Sinaloa con seis colegas diputados integrantes de la 62 Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, grupo parlamentario que coordina el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño. Por lo expresado en el Foro y el conocimiento que tengo de las iniciativas de ley presentadas por Corrales Burgueño y sus compañeros diputados, fue posible observar varias propuestas similares que se tienen para presentar el Sistema Anticorrupción en Sinaloa, por ejemplo, la necesidad de que las leyes en proceso de aprobación establezcan las bases necesarias para que se implementen también en los 18 municipios de la entidad, contemplando acciones y medidas estratégicas que combatan la corrupción en estos niveles de gobierno.

Este tipo de propuestas son comunes, pero sobre todo son compartidas por el presidente de la COPARMEX Sinaloa, el ingeniero Luis Enrique Pun Hung y todo el Consejo empresarial. La implementación del Sistema Anticorrupción tiene mucho trabajo por delante, recuérdese que es necesario elaborar y presentar ante el Congreso de la Unión y los congresos locales iniciativas de leyes secundarias, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3), la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley de la Fiscalía General de la República, el Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

También es satisfactorio que el grupo de diputados anteriormente mencionado  haya presentado ante la 62 Legislatura del Estado de Sinaloa las iniciativas: Iniciativas de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del estado de Sinaloa para regular el Sistema Estatal Anticorrupción; la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; la Iniciativa de Decreto por el que se Expide la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, lo cual es un avance importante que coadyuva para que el Congreso legisle las leyes necesarias antes del 18 de julio.

He revisado la iniciativa general denominada Sistema Estatal Anticorrupción y uno de los temas que considero de gran trascendencia es el referido a la participación ciudadana, aspecto que consideran de vital importancia la COPARMEX y varios grupos sociales que se han manifestado al respecto.  Por ejemplo, se establece que el Comité de Participación Ciudadana “Tiene como propósito coadyuvar, en términos de la presente Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias de combate a la corrupción, responsabilidades administrativas, de transparencia y de fiscalización.

Asimismo, se plantea que este comité esté integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que hayan destacado por su contribución a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la fiscalización o al combate a la corrupción, los cuales serán nombrados por otra comisión de siete ciudadanos sinaloenses elegidos por el Congreso del Estado para que emita una convocatoria pública dirigida a toda la sociedad sinaloense.

Por último, expreso lo siguiente: si quienes tenemos hoy la oportunidad, definimos un verdadero sistema de anticorrupción, se podrá revertir el estado de descomposición social en el país. De no asumir la responsabilidad de combatir este problema, no solamente permitiremos que siga prevaleciendo, también la sociedad nos lo reclamará y señalará públicamente.