Jorge Luis Telles Salazar
Mujeres de todos los partidos están ahora unidas en un frente común: exigen modificaciones a la Ley Estatal Electoral para que sus respectivos institutos políticos tengan como obligación el postular a féminas en el 40 por ciento de las candidaturas a diputadas locales, de frente a los comicios del año entrante en Sinaloa. Aquí son 40 curules en total, las que estarán en juego, el primer domingo de julio del año entrante; 24 de ellas por el principio de mayoría relativa y 16 por el de representación proporcional.
La lucha por una mayor participación de las damas ha arreciado en las últimas semanas, toda vez que el tiempo apremia. Toda reforma a la ley electoral tendrá que darse antes del 15 de octubre próximo, para su aplicación en la contienda en turno. De no producirse en este lapso, tendrán vigencia hasta las elecciones del 2016. Ahí la premura.
La presión en tal sentido tuvo ya sus primeros frutos: la diputación permanente del Congreso del Estado, que preside el priista Cenovio Ruiz Zazueta, llamó ya a un periodo extraordinario de sesiones para la semana entrante e incluyó en la agenda el análisis de las iniciativas que sobre el tema se encuentran en la cámara. Una de ellas, de la diputada priista, Irma Moreno; otra, de la también diputada, perredista, Gloria Margarita Santos Aguilar y una más de un grupo de mujeres militantes de diferentes partidos.
De acuerdo al trámite parlamentario conocido, de estas tres iniciativas surgirá un proyecto de dictamen que será el que se discuta, en lo general y en lo particular, en el marco de una de las dos sesiones plenarias de este periodo extraordinario; sin embargo, no todo son buenas noticias para las señoras promotoras de estos cambios a la legislación electoral.
Hasta donde tenemos entendido, la intención de los señores diputados – cuyo género hace mayoría en el Congreso – es en el sentido de acatar la inquietud plasmada en dichas iniciativas; pero única y exclusivamente en lo concerniente a las 16 candidaturas plurinominales, mismas que los partidos, cada uno por su lado, asignarían 8 a varones y 8 a mujeres, las cuales se ubicarían equitativamente hasta completar la relación.
El esquema para las 24 candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa mantendría su esquema actual. Según las necesidades o las expectativas de cada partido, de tal manera que las opciones para las mujeres quedarían sujetas, estrictamente, a la posibilidad de un buen resultado en las urnas electorales.
Esto, desde luego, no es lo que quieren las señoras.
Para ser más claros, lo que las féminas pretenden es que de esas 24 candidaturas, un mínimo de diez sean ocupadas por ellas. Y por lo menos la mitad de las llamadas de representación proporcional.
Y para ello se basan en una resolución reciente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que obligó a ello a los partidos políticos nacionales, para los comicios de julio pasado. Cabe recordar que la mayoría de dichos institutos no habían cumplido con el mandato y se vieron en la necesidad de realizar ajustes de última hora. Aquí en nuestro Estado, para no ir muy lejos, Paquis Corrales era la única representante del género femenino y de repente se vio acompañada por Vicky Vega e Irma Tirado, que relevaron a Esteban Valenzuela y Fernando Pucheta, respectivamente.
Ciertamente la disposición del TRIFE no exige jurídicamente a las legislaturas locales a obrar en consecuencia; pero si implica una obligación y un compromiso moral, para estar en la misma sintonía con el órgano electoral federal. Ya muchos Estados han atendido la recomendación y existen algunos, incluso, que acordaron una paridad de 50 por ciento y 50 por ciento; pero otros han hecho caso omiso a tales lineamientos.
Sinaloa es uno de ellos. Es más, a nivel nacional ocupa el lugar número 22 en un registro sobre el asunto. Y sus legisladores, por lo que sabemos, no parecen tener muchas intenciones de avanzar en forma sustancial.
A ver qué pasa.
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Mientras.
A su lucha por un mayor presupuesto anual para la Universidad Autónoma de Sinaloa, su rector, Víctor Antonio Corrales Burgueño, agregó un elemento más: la obtención de recursos adicionales para la realización de obras de infraestructura, que constituyen una necesidad ineludible al interior de la institución.
Tan solo en semanas anteriores, en efecto, la UAS se vio en la necesidad de edificar un total de 61 aulas en sus diferentes escuelas y facultades, para poder atender satisfactoriamente la demanda de 40 mil alumnos de nuevo ingreso a nuestra máxima casa de estudios superiores. Ello obligó a la universidad a sacrificar otro tipo de programas, a fin de darle cabida a los jóvenes demandantes de educación media y superior.
Hay esto: del tan llevado y traído crédito de 2 mil 600 millones de pesos que se le autorizó al gobierno del Estado desde el año pasado, no se canalizó un solo centavo para beneficio de la UAS, como si en la casa rosalina las obras fuesen producto de la casualidad.
La Universidad Autónoma de Sinaloa aspira a un presupuesto del orden de los 5 mil millones de pesos para el año entrante; pero a esto hay que añadirle los proyectos de infraestructura, que también reclaman una importante cantidad de recursos. Para ello, el rector Corrales Burgueño inició ya los trabajos de cabildeo ante diputados locales, diputados federales y senadores sinaloenses, quienes, en principio, han demostrado su interés por respaldar la lucha de la institución.
Ojalá.