Héctor Melesio Cuén

La migración de los mexicanos hacia los Estados Unidos de América es un fenómeno histórico cuyo origen se encuentra, esencialmente, en tratar de hallar un trabajo más remunerado que mejore sus niveles de vida.

Este fenómeno tuvo su auge a finales del siglo XIX, pues se presentó como una opción para la población rural y marginada, principalmente de los estados y ciudades fronterizas.
Sin embargo, a raíz de la Gran Depresión a fines de los años veinte, los obreros de origen norteamericano presionaron con mucha fuerza en contra de los obreros migrantes, de tal manera que se generó un cambio en la política migratoria estadunidense.

En pleno proceso de la Segunda Guerra Mundial, el 4 de agosto de 1942, entró en vigor el Programa Bracero implementado por Estados Unidos, conformado por tres etapas con distintas características, y duró hasta 1964. Después de este último año, hubo diversas leyes estadunidenses para el control migratorio.

A pesar de que las circunstancias son muy distintas a las de aquella época, desde que era candidato al gobierno de Estados Unidos Donald Trump amenazó con expulsar a todos los inmigrantes que tuviesen una situación ilegal. Y hoy, ya como presidente, lo está cumpliendo rápidamente.

Estas acciones implican una infinidad de repercusiones para México, especialmente en los ámbitos económico y social. Acerca del primero, nuestro país tendrá grandes retos que afrontar ante la deportación de millones de connacionales indocumentados, siendo el principal reto la exigencia de generar un gran número de empleos. Sin embargo, las condiciones económicas de nuestro país no son nada propicias, pues ni siquiera los puede generar para los que residen aquí. Y estas decisiones, tomadas unilateralmente por el presidente Trump, se agravan todavía más por la amenaza de revisar y aplicar medidas sobre el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

Vale la pena revisar las estadísticas publicadas al cierre del año pasado. En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población desocupada oficialmente era de 1, 911,126 personas, pero esta cifra aumentará ostensiblemente con los connacionales que están siendo expulsados de Estados Unidos. Lo anterior sin contar a la población que está subocupada, y estimada en un 6.04% a partir de la ocupada  (52, 123,674), lo que nos arroja la cantidad de 3, 148,451, pero que sumada a la población desocupada asciende a 5, 059, 597 personas.

Si a las cifras anteriores se le adiciona la que será deportada —cuyo número es impreciso—, es evidente que se ejercerá una gran presión a la economía nacional, por lo que política pública sobre el particular tendrá que ajustarse rápidamente.

Ante estas circunstancias, México está obligado a voltear su mirada a otros mercados e inversionistas para convencerlos a que instalen nuevas empresas en nuestro país y con ello generar más empleos. Esto implica modificar, entre otras cuestiones, la actual política tributaria para hacer atractiva las inversiones tanto internas como externas y dejar de asfixiar al empresariado mexicano, incluso con medidas persecutorias.

En lo que respecta al ámbito social, el Gobierno federal, los estatales y municipales tendrán que ajustar con urgencia todos sus programas y políticas públicas, como las referidas al desarrollo social y humano; y dentro de estas, por ejemplo, las relativas a la materia educativa, de alimentación y de vivienda.

En este sentido, hay mucha tela de donde cortar para enfrentar tanto al fenómeno de deportación como al ajuste del TLCAN, que se deben a las drásticas y precipitadas decisiones que está tomando el presidente Donald Trump.

Lo anterior también exige que los partidos políticos mexicanos despierten de su letargo e inercias en que se encuentran desde hace varios años, situación que ha llevado a que la sociedad les haya perdido la confianza y su credibilidad esté muy cuestionada.

Esta problemática requiere atención inmediata, por ello de manera permanente nos encontramos observando con mucho cuidado y mesura todo este complejo fenómeno propiciado por las dañinas decisiones del gobierno de Donald Trump. Asimismo, nuestro instituto invita respetuosamente a todos los líderes políticos y sociales de México, y por supuesto de Sinaloa, para que aporten sus propuestas y, al mismo tiempo, exhorta a que los tres niveles de gobierno se pongan a trabajar con urgencia en todos aquellos temas que inexorablemente repercutirán en nuestro país.

Nuestros gobernantes ya cometieron muchos errores que han traído como consecuencia que millones de connacionales migren a Estados Unidos a buscar un nivel de vida digno que México les ha negado. Por tanto, ahora estamos obligados a trabajar para revertir este escenario, lo cual, lamentablemente, no se logrará a corto ni a mediano plazo.

Gracias y que pasen una excelente semana… Cuén.

 

Conmemoraremos el centenario de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que trajo a la memoria una pequeña, pero magnífica obra de Ferdinand Lasalle, que lleva por título: ¿Qué es una Constitución?

Se trata de una compilación de varias conferencias dictadas en Berlín, Alemania en abril de 1862. No obstante que hace casi 165 años de las citadas conferencias, sus reflexiones se encuentran aún vigentes, especialmente la conclusión a la que llega Lasalle respecto de lo que es una Constitución.

En dicha obra, expresa el citado autor, que una Constitución son los “factores reales de poder”, implícitos en ellos, agregaríamos, diversos intereses condensados y fundados en la diversa obra maestra llamada El Capital de dos íconos de la filosofía, el materialismo histórico y la dialéctica: Carlos Marx y Federico Engels, cuyo contenido rebasa el propósito de esta colaboración que centraremos en el Centenario de nuestra Ley Fundamental, en función del ser y el deber ser.

El primero, es decir el ser, visto específicamente en función de la Carta Magna, en los hechos, observamos que ésta es únicamente el anhelo o aspiración del pueblo plasmado en dicho documento. Mientras que el deber ser, por su parte, es ese anhelo, pero convertido en realidad a la que la ciudadanía aspira y quiere llegar legítima e idealmente. Sólo que hay una enorme brecha que separa a esos dos elementos –el ser y el deber ser–.

Los que impiden en nuestro concepto unir esas dos líneas paralelas, o hacerlas cuando menos más angostas o menos separadas, son precisamente los factores reales de poder de los que habló Lasalle en las citadas conferencias, condensadas en la obra de referencia que este servidor leyó con atención hace alrededor de tres décadas, y que nos trajo a la memoria su contenido esencial en el formidable marco conmemorativo del Centenario de nuestra Carta Magna; agregándole de nuestra parte, de manera modesta, que también es la suma de intereses que convergen en dichos “factores reales de poder”.

Ambos son los que prevalecen en las decisiones fundamentales y no la letra de la Ley Suprema de la Unión.

En esta se condensa la historia patria y de entrega de sus líderes que ofrendaron su vida en las luchas independentistas, reformistas y revolucionarias de México.

Es decir, las tres principales etapas que ha vivido nuestra nación hasta el día hoy.

Sin embargo, la ciudadanía en todo México, y por supuesto en Sinaloa, hoy se encuentra harta y muy agraviada de tanta injusticia acumulada ante infinidad de actos arbitrarios.

Muy distinto a los discursos oficiales cotidianos, como los que se leerán mañana en el marco conmemorativo de dicho Centenario por todas las autoridades del país.

En ellos, seguramente se escucharán algunos anhelos del Constituyente originario, cuyos trabajos formales iniciaron el 1° de diciembre de 1916 y que culminaron la noche del 31 de enero de 1917, con la firma del documento histórico que ocupa estas brevísimas reflexiones, formuladas a la luz de la obra de Lasalle, pero también extraídas de nuestras convicciones sociales y humanitarias.

Ambas convicciones, así el espíritu del Constituyente de 1916-1917, quedaron claramente plasmadas en los documentos básicos del Partido Sinaloense, cuyos programas de acción los llevamos a la práctica de manera concreta y cotidiana, a través de muy diversos y programas que realizamos en las colonias y las comunidades de la zona rural de Sinaloa.

Finalmente, y para concluir estas reflexiones, hemos observado que se han suscitado alrededor de 690 modificaciones a nuestra vigente Carta Magna. Algunas de las cuales han sido de fondo, y constituyen a nuestro juicio pasos hacia atrás; como por ejemplo, entre otros, el realizado al artículo 27, el cual versa sobre la tenencia de la tierra, y de los bienes propiedad de la nación, como es el petróleo, cuya explotación ahora puede ser concesionado a las compañías de las empresas extranjeras.

En este último punto, el grupo parlamentario del Partido Sinaloense, partido que me honro en presidir en la entidad, realizó una encuesta en las plazas pública de todos los municipios de Sinaloa, y el resultado de la misma, en la LXI Legislatura, como parte integrante del Constituyente Permanente en las misma, dicho grupo parlamentario votamos en contra de la referida reforma a la citada disposición constitucional el año 2013, porque tal reforma, finalmente advertimos desde ese tiempo, que iba en contra de nuestro nacionalismo. Resultado de ello, los recientes “gasolinazos” que han irritado a todo el pueblo de México.

Gracias y que pasen una excelente semana.

20 pesos por dólar no afectará los ingresos de la familia: SHCP

Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

 

El 21 de septiembre, Luis Madrazo Lajous, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, declaró que la depreciación del peso frente al dólar no afectará a los ingresos de las familias mexicanas, que es solamente “un efecto psicológico”. En realidad no sabemos si esta aseveración es una broma, pero de lo que estamos seguros es de que es una ofensa a los mexicanos.

 

Decir que la depreciación del peso solo tiene efecto psicológico  expresa, además, una visión limitada sobre la comprensión acerca de cómo se mueven y reaccionan las variables económicas y financieras. Muestra, también una ausencia de medidas de control; es decir, en el libre juego de la oferta y la demanda, esta última será más dinámica y en consecuencia la depreciación seguirá en aumento.

 

Se sabe bien que la depreciación del peso tiene como efecto ganadores y perdedores. En el primer caso están los industriales exportadores, los  que reciben visitantes extranjeros o divisas vía remesas. Entre los perdedores se encuentran millones de mexicanos, los ciudadanos comunes que padecen los efectos de la inflación que ya están provocando el aumento de precios a los productos, primeramente de las mercancías que dependen de manera directa del extranjero.

 

Ahora bien, aunque algunos pocos comerciantes aumenten el valor de sus ventas también se enfrentan a un incremento del costo de sus insumos. Es una consecuencia negativa de este proceso financiero, también, el acrecentamiento de la deuda en dólares que tienen muchas empresas.

 

Ahora bien, en el caso del sector turístico, a pesar de que pareciera que sería una ventaja por el atractivo del menor precio del viaje o de la estancia en nuestro país, hay que considerar que muchos de los paquetes turísticos, los hoteles y los vuelos tienen tarifas que fueron determinadas con anticipación y que no se ajustan a la depreciación del dólar.

 

La llegada del dólar a los 20 pesos en días pasados revivió la angustia en los hogares del país. Los efectos negativos son reconocidos por el INEGI, que en su más reciente cálculo reconoció que la inflación se aceleró en la primera quincena de septiembre, registrando mayor alza que en los últimos dos años, con aumentos de precios de productos alimenticios básicos como el huevo, el tomate, el pollo, cebolla y pan dulce.

 

De igual forma la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) comunicó que las medicinas alcanzarán incrementos de precios de hasta 35% en los meses que faltan del 2016, pues el 99% de la materia prima para elaborar medicamentos es de importación. El presidente de la Unefarm, Juvenal Becerra, señaló que en los primeros meses del año los medicamentos nacionales ya subieron 10% y los importados 20%, y resaltó que aquellos que más aumentos registran son los relacionados con las principales enfermedades que aquejan a los mexicanos, como la diabetes, hipertensión o gripes, así como todos los antibióticos, analgésicos, medicamentos cardiovasculares y todo tipo de material de curación.

 

También, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera Vega, dijo que la depreciación del peso frente al dólar provocará mayor presión en los costos de los productos de los sectores eléctricos, electrónico, metal, mecánico, manufacturero y del calzado. La lista es larga, por lo que es un hecho que para todos los comerciantes será mayor  la presión a subir precios.

 

Aun cuando esta situación parece ser minimizada por el gobierno federal, representado por Luis Madrazo L, el propio titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade, expuso en su comparecencia del jueves pasado en la Cámara de Diputados, que el paquete económico 2017 se hizo bajo “señales de alerta” ante la depreciación del peso y los bajos precios del petróleo.

 

Durante su comparecencia ante diputados, Meade dijo que se haría muy mal en desoír las señales que indican la complejidad económica del entorno externo que se refleja en las variables internas como el precio del petróleo y el tipo de cambio, las cuales “exigen acciones contundentes”. No obstante, pese a reconocer el problema, Meade no especificó qué acciones realizará el gobierno para detener la devaluación y evitar sus efectos negativos en las familias mexicanas; la postura de dicho Secretario es ambigua y lejana del sentir popular; sin un compromiso claro que anime a la gente, lo que puede interpretarse como dar por hecho la pérdida del poder adquisitivo en las familias. Hasta hoy no ha habido un pronunciamiento de las autoridades del Banco de México sobre el acelerado desgaste de la moneda mexicana.

 

En consecuencia, es previsible que en los próximos meses se anuncien nuevos incrementos de precios de productos y servicios, y con ello el malestar ciudadano crezca también, pero seguramente el gobierno dirá que hay que enfocarse en las cosas buenas, que son las que cuentan.

 

Recordemos que el tipo de cambio fijo a 12.50 pesos por dólar duró 22 años, llegando a su fin en 1976. Entre el año 2000 y el 2015 el precio del dólar pasó de 10 a 15 pesos y  en este 2016 que aún no termina,  subió otros 5 pesos, con las repercusiones estructurales que ya hemos mencionado. A este ritmo, lo único seguro que tienen los mexicanos es una mayor precariedad en su forma de vida.

 

Las cosas sí tienen remedio, pero se necesita querer que este país mejore, aceptar el adverso diagnóstico y actuar en consecuencia, sin dilación y con resultados. Sin duda, es urgente para este país y sus ciudadanos gobiernos sensibles y una nueva generación de funcionarios públicos más atentos al bienestar concreto de las familias y menos ocupados en privilegios y absurdas justificaciones teóricas.

 

Finalmente, tal parece que el único que cree en las desatinadas declaraciones del titular de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP es el presidente Enrique Peña Nieto, pues afirma que si el dólar vale 20.00: “no significa que se esté sufriendo una crisis en el país; se están generando empleos, hay crecimiento económico y una baja inflación”. La pregunta es ¿cuántos mexicanos estamos convencidos de lo anterior?

 

Gracias y que pasen una excelente semana.