Héctor Melesio Cuén

La migración de los mexicanos hacia los Estados Unidos de América es un fenómeno histórico cuyo origen se encuentra, esencialmente, en tratar de hallar un trabajo más remunerado que mejore sus niveles de vida.

Este fenómeno tuvo su auge a finales del siglo XIX, pues se presentó como una opción para la población rural y marginada, principalmente de los estados y ciudades fronterizas.
Sin embargo, a raíz de la Gran Depresión a fines de los años veinte, los obreros de origen norteamericano presionaron con mucha fuerza en contra de los obreros migrantes, de tal manera que se generó un cambio en la política migratoria estadunidense.

En pleno proceso de la Segunda Guerra Mundial, el 4 de agosto de 1942, entró en vigor el Programa Bracero implementado por Estados Unidos, conformado por tres etapas con distintas características, y duró hasta 1964. Después de este último año, hubo diversas leyes estadunidenses para el control migratorio.

A pesar de que las circunstancias son muy distintas a las de aquella época, desde que era candidato al gobierno de Estados Unidos Donald Trump amenazó con expulsar a todos los inmigrantes que tuviesen una situación ilegal. Y hoy, ya como presidente, lo está cumpliendo rápidamente.

Estas acciones implican una infinidad de repercusiones para México, especialmente en los ámbitos económico y social. Acerca del primero, nuestro país tendrá grandes retos que afrontar ante la deportación de millones de connacionales indocumentados, siendo el principal reto la exigencia de generar un gran número de empleos. Sin embargo, las condiciones económicas de nuestro país no son nada propicias, pues ni siquiera los puede generar para los que residen aquí. Y estas decisiones, tomadas unilateralmente por el presidente Trump, se agravan todavía más por la amenaza de revisar y aplicar medidas sobre el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

Vale la pena revisar las estadísticas publicadas al cierre del año pasado. En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población desocupada oficialmente era de 1, 911,126 personas, pero esta cifra aumentará ostensiblemente con los connacionales que están siendo expulsados de Estados Unidos. Lo anterior sin contar a la población que está subocupada, y estimada en un 6.04% a partir de la ocupada  (52, 123,674), lo que nos arroja la cantidad de 3, 148,451, pero que sumada a la población desocupada asciende a 5, 059, 597 personas.

Si a las cifras anteriores se le adiciona la que será deportada —cuyo número es impreciso—, es evidente que se ejercerá una gran presión a la economía nacional, por lo que política pública sobre el particular tendrá que ajustarse rápidamente.

Ante estas circunstancias, México está obligado a voltear su mirada a otros mercados e inversionistas para convencerlos a que instalen nuevas empresas en nuestro país y con ello generar más empleos. Esto implica modificar, entre otras cuestiones, la actual política tributaria para hacer atractiva las inversiones tanto internas como externas y dejar de asfixiar al empresariado mexicano, incluso con medidas persecutorias.

En lo que respecta al ámbito social, el Gobierno federal, los estatales y municipales tendrán que ajustar con urgencia todos sus programas y políticas públicas, como las referidas al desarrollo social y humano; y dentro de estas, por ejemplo, las relativas a la materia educativa, de alimentación y de vivienda.

En este sentido, hay mucha tela de donde cortar para enfrentar tanto al fenómeno de deportación como al ajuste del TLCAN, que se deben a las drásticas y precipitadas decisiones que está tomando el presidente Donald Trump.

Lo anterior también exige que los partidos políticos mexicanos despierten de su letargo e inercias en que se encuentran desde hace varios años, situación que ha llevado a que la sociedad les haya perdido la confianza y su credibilidad esté muy cuestionada.

Esta problemática requiere atención inmediata, por ello de manera permanente nos encontramos observando con mucho cuidado y mesura todo este complejo fenómeno propiciado por las dañinas decisiones del gobierno de Donald Trump. Asimismo, nuestro instituto invita respetuosamente a todos los líderes políticos y sociales de México, y por supuesto de Sinaloa, para que aporten sus propuestas y, al mismo tiempo, exhorta a que los tres niveles de gobierno se pongan a trabajar con urgencia en todos aquellos temas que inexorablemente repercutirán en nuestro país.

Nuestros gobernantes ya cometieron muchos errores que han traído como consecuencia que millones de connacionales migren a Estados Unidos a buscar un nivel de vida digno que México les ha negado. Por tanto, ahora estamos obligados a trabajar para revertir este escenario, lo cual, lamentablemente, no se logrará a corto ni a mediano plazo.

Gracias y que pasen una excelente semana… Cuén.

 

Conmemoraremos el centenario de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que trajo a la memoria una pequeña, pero magnífica obra de Ferdinand Lasalle, que lleva por título: ¿Qué es una Constitución?

Se trata de una compilación de varias conferencias dictadas en Berlín, Alemania en abril de 1862. No obstante que hace casi 165 años de las citadas conferencias, sus reflexiones se encuentran aún vigentes, especialmente la conclusión a la que llega Lasalle respecto de lo que es una Constitución.

En dicha obra, expresa el citado autor, que una Constitución son los “factores reales de poder”, implícitos en ellos, agregaríamos, diversos intereses condensados y fundados en la diversa obra maestra llamada El Capital de dos íconos de la filosofía, el materialismo histórico y la dialéctica: Carlos Marx y Federico Engels, cuyo contenido rebasa el propósito de esta colaboración que centraremos en el Centenario de nuestra Ley Fundamental, en función del ser y el deber ser.

El primero, es decir el ser, visto específicamente en función de la Carta Magna, en los hechos, observamos que ésta es únicamente el anhelo o aspiración del pueblo plasmado en dicho documento. Mientras que el deber ser, por su parte, es ese anhelo, pero convertido en realidad a la que la ciudadanía aspira y quiere llegar legítima e idealmente. Sólo que hay una enorme brecha que separa a esos dos elementos –el ser y el deber ser–.

Los que impiden en nuestro concepto unir esas dos líneas paralelas, o hacerlas cuando menos más angostas o menos separadas, son precisamente los factores reales de poder de los que habló Lasalle en las citadas conferencias, condensadas en la obra de referencia que este servidor leyó con atención hace alrededor de tres décadas, y que nos trajo a la memoria su contenido esencial en el formidable marco conmemorativo del Centenario de nuestra Carta Magna; agregándole de nuestra parte, de manera modesta, que también es la suma de intereses que convergen en dichos “factores reales de poder”.

Ambos son los que prevalecen en las decisiones fundamentales y no la letra de la Ley Suprema de la Unión.

En esta se condensa la historia patria y de entrega de sus líderes que ofrendaron su vida en las luchas independentistas, reformistas y revolucionarias de México.

Es decir, las tres principales etapas que ha vivido nuestra nación hasta el día hoy.

Sin embargo, la ciudadanía en todo México, y por supuesto en Sinaloa, hoy se encuentra harta y muy agraviada de tanta injusticia acumulada ante infinidad de actos arbitrarios.

Muy distinto a los discursos oficiales cotidianos, como los que se leerán mañana en el marco conmemorativo de dicho Centenario por todas las autoridades del país.

En ellos, seguramente se escucharán algunos anhelos del Constituyente originario, cuyos trabajos formales iniciaron el 1° de diciembre de 1916 y que culminaron la noche del 31 de enero de 1917, con la firma del documento histórico que ocupa estas brevísimas reflexiones, formuladas a la luz de la obra de Lasalle, pero también extraídas de nuestras convicciones sociales y humanitarias.

Ambas convicciones, así el espíritu del Constituyente de 1916-1917, quedaron claramente plasmadas en los documentos básicos del Partido Sinaloense, cuyos programas de acción los llevamos a la práctica de manera concreta y cotidiana, a través de muy diversos y programas que realizamos en las colonias y las comunidades de la zona rural de Sinaloa.

Finalmente, y para concluir estas reflexiones, hemos observado que se han suscitado alrededor de 690 modificaciones a nuestra vigente Carta Magna. Algunas de las cuales han sido de fondo, y constituyen a nuestro juicio pasos hacia atrás; como por ejemplo, entre otros, el realizado al artículo 27, el cual versa sobre la tenencia de la tierra, y de los bienes propiedad de la nación, como es el petróleo, cuya explotación ahora puede ser concesionado a las compañías de las empresas extranjeras.

En este último punto, el grupo parlamentario del Partido Sinaloense, partido que me honro en presidir en la entidad, realizó una encuesta en las plazas pública de todos los municipios de Sinaloa, y el resultado de la misma, en la LXI Legislatura, como parte integrante del Constituyente Permanente en las misma, dicho grupo parlamentario votamos en contra de la referida reforma a la citada disposición constitucional el año 2013, porque tal reforma, finalmente advertimos desde ese tiempo, que iba en contra de nuestro nacionalismo. Resultado de ello, los recientes “gasolinazos” que han irritado a todo el pueblo de México.

Gracias y que pasen una excelente semana.

Futuro incierto con los recortes presupuestales
y un presidente reprobado

Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

El presidente Enrique Peña Nieto llegó a su IV Informe de Gobierno con las peores calificaciones económicas y políticas de que se tenga memoria en la historia de México. Un presidente cuyo declive popular parece no terminar; a cada pifia, le acompañan decisiones absurdas y anticlimáticas, como el desacierto de invitar al candidato republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y cuyo resultado más evidente fue la renuncia de Luis Videgaray Caso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una de las personas más cercanas al mandatario.

El presidente Peña Nieto llegó al poder con sólo 38% de la votación, y durante su primer año de gobierno el nivel de aprobación popular rondaba el 50% en la mayoría de las encuestas. Hoy, todas las casas encuestadoras lo ponen por abajo del 30% y parece imposible que concluya su sexenio con el 50% con que lo hicieron Vicente Fox y Felipe Calderón. Desde luego, estos números no son fortuitos y las razones para el desánimo abundan.

Para empezar, se desvanecieron las expectativas de crecimiento que se habían creado cuando el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto alcanzó la aprobación de las reformas estructurales, las que según revitalizarían la economía al permitir la participación de capitales privados y atraer más montos de inversión.

Recientemente, ante la lentitud con la que se mueve la economía mexicana, el Gobierno ya volvió a recortar sus previsiones de crecimiento para este año; en ese contexto, dos calificadoras de riesgo, Standar&Poor’s y Moody’s, rebajaron las perspectivas económicas, básicamente por la incertidumbre que les genera el sostenido aumento de la deuda pública y el letargo productivo del país.

No obstante reconocer la problemática de la deuda pública, la Casa de Bolsa Finamex resaltó la dependencia ante el desempeño económico de Estados Unidos, e incluso señaló que la incertidumbre del proceso electoral en ese país podría afectar las inversiones extranjeras.

El escenario mexicano se está complicando tanto, al grado de que el Banco de México alertó sobre un posible estancamiento de la economía nacional. Esta institución expuso que, al estancamiento del sector industrial, se añadió un freno al crecimiento del sector terciario, y resaltó que por ello el consumo privado se desaceleró, mientras que las exportaciones manufactureras y la inversión mantienen un débil desempeño.

Para el prestigioso Centro de Estudios Espinosa Yglesias, ante la complejidad económica que enfrenta el país, la ineficiencia en la operación del Estado es importante. Asimismo, señala que los recortes presupuestales que vengan no se deben hacer sobre bienes públicos como la salud o la educación, sino hacer más eficiente al Estado.

Y mientras la economía se desvanece, el presidente Peña Nieto se devalúa más rápido que el peso, y como lo hemos dicho, el alto nivel de desaprobación de los mexicanos a su gestión no tiene precedente. Por ejemplo, en agosto la Consulta Mitofsky dio a conocer que el 65% de los mexicanos desaprueba la gestión del presidente, frente a un 29% de aprobación.

Este desafortunado panorama, además de la invitación expedida a Trump, obligó a Luis Videgaray a renunciar a su cargo; por cierto, sin ninguna argumentación de tal separación. Y quien lo sustituyó fue José Antonio Meade Kuribreña. En el evento protocolario de toma de protesta, el presidente fue claro y enfático en las instrucciones que le dio al nuevo secretario:

Primera indicación. El Proyecto de Paquete Económico 2017 que se presente al Poder Legislativo deberá contribuir a la consolidación de las finanzas públicas, logrando por primera vez en muchos años un superávit primario.

Segunda indicación. El nuevo titular deberá continuar con la aplicación de medidas de responsabilidad fiscal, a fin de contener y estabilizar el crecimiento de la deuda del sector público como proporción del Producto Interno Bruto.

Tercera indicación. El esfuerzo necesario para garantizar la estabilidad macroeconómica deberá ser a cargo de un ajuste en el gasto público de la Federación; es decir, le tocará al Gobierno de la República apretarse el cinturón, no a las familias, ni a las empresas de México. En este sentido, refrendo mi firme compromiso de que no habrá nuevos impuestos ni aumentos a los existentes. Insisto, el ajuste recaerá en el Gobierno y no en la ciudadanía.

De nueva cuenta, todo vuelve a ser una falacia. Ayer viernes, José Antonio Meade entregó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Egresos 2017. Lo primero que llama la atención es la reducción a los Programas Sociales, lo que impacta de manera negativa el bienestar de millones de familias.

Los sectores más afectados son Educación Pública, con 11.2% menos de presupuesto; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con 23.3%; Economía, con 33.7%; Desarrollo Territorial y Urbano, con 33.7%; Turismo, con 32.8%; Medio Ambiente, con 30.3%; Agricultura, con 24%, y Salud, con 6.4% menos.

Sin duda alguna, todas estas reducciones presupuestales provocarán más pobreza, mayor dependencia tecnológica, educación de menor calidad y, sobre todo, la ingobernabilidad en el país irá en aumento.

Gracias y que pasen una excelente semana.