Microscopio Social

Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

Luis Enrique Miranda Nava, recientemente nombrado Secretario de Desarrollo Social del gobierno federal, visitó a nuestra entidad el pasado martes 13.  El motivo de su visita fue entregar beneficios a trabajadores agrícolas en el marco del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.

En esta gira y ante el cuestionamiento de un reportero de los medios de comunicación social de la entidad, sobre el incremento de la pobreza en el actual sexenio, el secretario tuvo una respuesta que asombró a propios y extraños. Esta fue su respuesta: “No se ha incrementado la pobreza, no lo digamos porque es mentira, la pobreza no se ha incrementado, la pobreza, usted no puede saberlo, porque la pobreza se está midiendo en este momento, lo vamos a ver el año que entra cuando termine la evaluación, ok”.

No tengo la menor duda que esta declaración falta a la verdad.  El incremento de la pobreza como un “mito mexicano” al que se refirió Luis Miranda Nava, Secretario de Desarrollo Social,  en su gira por Sinaloa, es una mentira ya que los hechos hablan por sí solos. Declaraciones de esta naturaleza pintan al funcionario como una persona que no le da credibilidad a instituciones que el mismo régimen ha creado como lo es el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social -CONEVAL- y el Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas -INEGI-.

Habría que recordarle a Luis Enrique Miranda Nava, que la pobreza no se disminuye, ni mucho menos se elimina, por decreto como lo quisieron hacer hace algunos meses en versiones controversiales que se dieron entre el CONEVAL y el INEGI.

Tan solo en Sinaloa el CONEVAL hizo oficial que en el periodo 2010-2014 la Situación de pobreza, aumentó de 1,055,580 (36.3%) a 1,167,070 (39.4%) de ciudadanos; y la situación de pobreza extrema evolucionó de 130,200 (4.5 %) a 155,800 (5.3%)  personas. No hay que olvidar que los indicadores de carencia social se identifican por el rezago educativo, o tener carencia en servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, acceso en los servicios básicos de vivienda y la alimentación.

Aquí mismo en Sinaloa el INEGI reporta que  alrededor de 566 mil personas se encuentran en rezago educativo;  450 mil personas carecen de acceso a servicios de salud; 1 millón 462 mil personas carecían de seguridad social; 320 mil personas carecen de acceso a calidad y espacios de vivienda; 532 mil carecen de acceso a servicios básicos de vivienda; 878 mil personas carecen de acceso a la alimentación y, 1 millón 371 mil personas tienen ingresos inferiores a la línea de bienestar.

La respuesta del funcionario federal obedece a varias razones, primero a la insensibilidad de un gobierno de no querer aceptar que el país está inmerso en una crisis que tiende a generalizarse, se resisten a aceptar que la nación se encuentra sumida en una falta de credibilidad política de sus gobernantes, en una crítica situación económica generada principalmente por la caída de los precios del petróleo, por una devaluación del peso mexicano que no se le ve fondo, por un incremento galopante de la inseguridad, por más recortes presupuestales al gasto social, en fin por una situación que golpea fuertemente la estabilidad social y económica de millones de familias.

Otra arista de la respuesta de Luis Enrique Miranda Nava, es que es un funcionario que carece del perfil necesario para entender y atender las demandas sociales, para comprender qué tipo de políticas sociales requiere México en un momento tan difícil como el vivimos hoy los mexicanos.

Recuérdese que en el enroque que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, cuando se destituyó a Luis Videgaray Caso, quien fungía como Secretario de Hacienda y Crédito Público, se nombró a José Antonio Meade Kuribreña como nuevo titular de Hacienda, y como jugada de ajedrez se nombra a Luis Enrique Miranda Nava como Secretario de Desarrollo Social Federal, proveniente de la Subsecretaría de Gobernación.

Los señalamientos y las críticas no se hicieron esperar, intelectuales, columnistas nacionales, partidos políticos, organismos empresariales y sociedad en general, criticaron fuertemente que los cambios en el gabinete realizados por el presidente Peña Nieto obedecían a un nuevo acomodo para la sucesión presidencial del año 2018, específicamente el nombramiento de Miranda Nava para ubicarlo como un posible candidato a la presidencia de la república.

Y la verdad es difícil no escuchar y aceptar tantas voces en un mismo sentido. Si revisamos la trayectoria de Luis Miranda Nava, apreciamos que es un político estrechamente ligado a la trayectoria del presidente Peña Nieto. La prensa nacional así lo registra: Es amigo y compadre del presidente, por lo tanto de los hombres más cercanos al mandatario con quien ha hecho equipo por más de 15 años. Fue funcionario en el Estado de México cuando Enrique Pela Nieto fue gobernador de esa entidad, y en el año 2012, una vez que ganó la Presidencia, Luis Miranda fue nombrado vicecoordinador del equipo de transición y en diciembre asumió el cargo de subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, donde estuvo como operador político de negociaciones con diversos movimientos como el de los maestros de la CNTE.

Todos sabemos que la Secretaría de Gobernación es la instancia responsable de mantener el orden interno en el país, es decir la estabilidad social, y evidentemente el ser subsecretario de gobernación, además de ser calificado como un gran operador político, Luis Miranda Nava ha tenido mucho que ver en los movimientos sociales que en el presente sexenio han cimbrado al país. Sin embargo el devenir que han tenido los problemas de Tlatlaya, Ayotzinapa, la nota de la “Casa Blanca”, las protestas de maestros por la implementación de la reforma educativa y otros tantos más, muestran todo lo contrario, es decir que se ha carecido de capacidad, sensibilidad y trato para tener escenarios diferentes a los que hoy se viven en México.

Es por estas reflexiones que considero que el actual sexenio encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto está entrampado en un sinfín de intereses grupales que no le permiten dimensionar los verdaderos problemas que vive nuestro país, y ello explica la irresponsabilidad de un funcionario de primer nivel, más aún de un área como es desarrollo social, cuando viene y nos dice a los sinaloenses que quien afirme que en México ha crecido la pobreza, está mintiendo.

Lo anterior preocupa, pero en realidad no es nada comparado con la evolución que está teniendo la crisis que agobia a millones de mexicanos, los recortes presupuestales que no han cesado indican claramente que el cierre del año 2016 será difícil, pero más incierto será el 2017.

Días antes de que se presentara el proyecto de presupuesto de egresos para el 2017, nos adelantaron   que habría recortes considerables, pero que no nos preocupáramos, que estos no perjudicarían al pueblo, que le tocaba al gobierno “ajustarse” el cinturón, sin embargo lo primero que se dejó ver una vez dado a conocer la proyección de egresos para el 2017, son recortes presupuestales en educación, salud y Ciencia y Tecnología, pilares para que un país se desarrolle armónicamente.

En pocas palabras, un engaño más al pueblo.

Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

El presidente Enrique Peña Nieto llegó a su IV Informe de Gobierno con las peores calificaciones económicas y políticas de que se tenga memoria en la historia de México. Un presidente cuyo declive popular parece no terminar; a cada pifia, le acompañan decisiones absurdas y anticlimáticas, como el desacierto de invitar al candidato republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y cuyo resultado más evidente fue la renuncia de Luis Videgaray Caso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una de las personas más cercanas al mandatario.

El presidente Peña Nieto llegó al poder con sólo 38% de la votación, y durante su primer año de gobierno el nivel de aprobación popular rondaba el 50% en la mayoría de las encuestas. Hoy, todas las casas encuestadoras lo ponen por abajo del 30% y parece imposible que concluya su sexenio con el 50% con que lo hicieron Vicente Fox y Felipe Calderón. Desde luego, estos números no son fortuitos y las razones para el desánimo abundan.

Para empezar, se desvanecieron las expectativas de crecimiento que se habían creado cuando el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto alcanzó la aprobación de las reformas estructurales, las que según revitalizarían la economía al permitir la participación de capitales privados y atraer más montos de inversión.

Recientemente, ante la lentitud con la que se mueve la economía mexicana, el Gobierno ya volvió a recortar sus previsiones de crecimiento para este año; en ese contexto, dos calificadoras de riesgo, Standar&Poor’s y Moody’s, rebajaron las perspectivas económicas, básicamente por la incertidumbre que les genera el sostenido aumento de la deuda pública y el letargo productivo del país.

No obstante reconocer la problemática de la deuda pública, la Casa de Bolsa Finamex resaltó la dependencia ante el desempeño económico de Estados Unidos, e incluso señaló que la incertidumbre del proceso electoral en ese país podría afectar las inversiones extranjeras.

El escenario mexicano se está complicando tanto, al grado de que el Banco de México alertó sobre un posible estancamiento de la economía nacional. Esta institución expuso que, al estancamiento del sector industrial, se añadió un freno al crecimiento del sector terciario, y resaltó que por ello el consumo privado se desaceleró, mientras que las exportaciones manufactureras y la inversión mantienen un débil desempeño.

Para el prestigioso Centro de Estudios Espinosa Yglesias, ante la complejidad económica que enfrenta el país, la ineficiencia en la operación del Estado es importante. Asimismo, señala que los recortes presupuestales que vengan no se deben hacer sobre bienes públicos como la salud o la educación, sino hacer más eficiente al Estado.

Y mientras la economía se desvanece, el presidente Peña Nieto se devalúa más rápido que el peso, y como lo hemos dicho, el alto nivel de desaprobación de los mexicanos a su gestión no tiene precedente. Por ejemplo, en agosto la Consulta Mitofsky dio a conocer que el 65% de los mexicanos desaprueba la gestión del presidente, frente a un 29% de aprobación.

Este desafortunado panorama, además de la invitación expedida a Trump, obligó a Luis Videgaray a renunciar a su cargo; por cierto, sin ninguna argumentación de tal separación. Y quien lo sustituyó fue José Antonio Meade Kuribreña. En el evento protocolario de toma de protesta, el presidente fue claro y enfático en las instrucciones que le dio al nuevo secretario:

Primera indicación. El Proyecto de Paquete Económico 2017 que se presente al Poder Legislativo deberá contribuir a la consolidación de las finanzas públicas, logrando por primera vez en muchos años un superávit primario.

Segunda indicación. El nuevo titular deberá continuar con la aplicación de medidas de responsabilidad fiscal, a fin de contener y estabilizar el crecimiento de la deuda del sector público como proporción del Producto Interno Bruto.

Tercera indicación. El esfuerzo necesario para garantizar la estabilidad macroeconómica deberá ser a cargo de un ajuste en el gasto público de la Federación; es decir, le tocará al Gobierno de la República apretarse el cinturón, no a las familias, ni a las empresas de México. En este sentido, refrendo mi firme compromiso de que no habrá nuevos impuestos ni aumentos a los existentes. Insisto, el ajuste recaerá en el Gobierno y no en la ciudadanía.

De nueva cuenta, todo vuelve a ser una falacia. Ayer viernes, José Antonio Meade entregó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Egresos 2017. Lo primero que llama la atención es la reducción a los Programas Sociales, lo que impacta de manera negativa el bienestar de millones de familias.

Los sectores más afectados son Educación Pública, con 11.2% menos de presupuesto; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con 23.3%; Economía, con 33.7%; Desarrollo Territorial y Urbano, con 33.7%; Turismo, con 32.8%; Medio Ambiente, con 30.3%; Agricultura, con 24%, y Salud, con 6.4% menos.

Sin duda alguna, todas estas reducciones presupuestales provocarán más pobreza, mayor dependencia tecnológica, educación de menor calidad y, sobre todo, la ingobernabilidad en el país irá en aumento.

Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

Este jueves 1 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto entregó el IV Informe de Gobierno, a través del secretario general de Gobierno Miguel Ángel Osorio Chong, al Congreso General.

Muchos estamos convencidos de que, si a nuestros gobernantes les va bien, a los mexicanos también. No es el caso de nuestro presidente, pues prácticamente todos los indicadores expresan que México vive un retroceso en su economía, que la violencia será mayor que la del sexenio pasado, que la pobreza ha aumentado y que la seguridad social no se halla en sus mejores momentos. Claro, todo ello se manifiesta en una opinión negativa sobre el mandato del presidente Peña Nieto.

Con base en “La gran encuesta, Enrique Peña Nieto, 13 trimestres de Gobierno” elaborada por Consulta Mitofsky, los datos duros revelan que el 61% de los mexicanos reprueba este mandato, el 53% expresa que el principal problema del país es el económico, seguido del 42% que opina que es la seguridad.

En otras palabras, esta encuesta arroja que solamente el 33% aprueba los resultados obtenidos por el presidente Peña Nieto, muy por abajo del 52% con que se le calificó a Felipe Calderón en febrero de 2012.

Asimismo, esta consulta reporta cómo los ciudadanos calificaron las diversas políticas públicas de febrero de 2015 a febrero de 2016, y también aquí la mayoría reconoció que han empeorado en sus resultados: tanto la situación económica como la corrupción, la pobreza, el narcotráfico, la inflación y el campo. En todas estas se muestra una tendencia negativa.

En síntesis, el 61% de los mexicanos opina que México lleva un rumbo equivocado y solo el 25% piensa lo contrario; en una idea similar, el 66% expresa que al actual presidente el país se le está saliendo de control, mientras que solo el 28% sostiene lo opuesto.

En anteriores colaboraciones he detallado la serie de errores en que ha incurrido el presidente y sus asesores. Más allá de las desatinadas políticas públicas que afectan principalmente el bienestar de la sociedad, se encuentra el desacierto y mala implementación de las denominadas grandes reformas estructurales que ha impulsado el actual gobierno federal y que han encontrado eco en la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión; el ejemplo más claro de ello es la Reforma Educativa, la cual prácticamente ha convulsionado a los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, mientras que la Ciudad de México también vive un clima preocupante de violencia e incertidumbre.

En lo que respecta al IV Informe de Gobierno, quien tuvo la oportunidad de ver la reunión del Congreso General, se habrá dado cuenta de que prácticamente fueron dos partidos políticos los que avalaron los resultados de dicho informe, aun cuando este no ha sido motivo de glosa por los legisladores; y por el contrario, todos los demás grupos parlamentarios, incluyendo al diputado independiente, reprobaron al presidente Enrique Peña Nieto, e incluso con expresiones de falta de respeto.

Lo anterior es muy delicado y preocupante, pues si relacionamos la mencionada encuesta con la actitud que diputados y senadores tuvieron en el Congreso, estamos hablando del asomo de condiciones de ingobernabilidad en el país, ello cuando todavía le restan dos años al presidente para que culmine su mandato. Además, está el descontento generalizado provocado por el anuncio e implementación de nuevas alzas a la gasolina magna, diésel y a las tarifas eléctricas, pese a que se aseguró que con la Reforma Energética esto no iba a suceder.

El futuro inmediato en el renglón económico es más incierto; hoy se están haciendo recortes al presupuesto federal y se están anunciando otros más para 2017, lo cual lleva al Gobierno a informar que el próximo año será mucho más difícil. Todo esto se debe a que el país no ha crecido económicamente, como lo constata el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los últimos 4 años, pues cuando se proyecta en un determinado margen, este se ve disminuido en el transcurso del periodo.

Por otra parte, sabemos que el protocolo de entrega de los informes de Gobierno ha cambiado en los últimos años. Con el esquema actual, los mexicanos ya no tenemos la oportunidad de que el presidente rinda cuentas de manera directa a la sociedad a través de los diputados federales y senadores, como se hacía antes en las comparecencias que se programaban para tal efecto. Hoy, a lo más que podemos aspirar es que los secretarios de Estado acudan a lo que se denomina la glosa del informe.

E incluso, en esta ocasión ni siquiera tuvimos la posibilidad de escuchar el mensaje político del Ejecutivo, mediante el cual teníamos la oportunidad de conocer de su viva voz el balance del año informado. Aquel mensaje se remplazó por un diálogo con los “300 jóvenes destacados del país”, lo cual si bien no es reprobable, sí es cuestionable, ya que esta acción sustituye toda posibilidad de que el presidente de la República responda a la nación de lo que hizo, cómo lo hizo y lo que dejó de hacer en el año.

Además, habría que señalar que muchos medios de comunicación y analistas políticos del país han cuestionado fuertemente la forma en que se seleccionó al grupo de 300 jóvenes, pues el criterio habría sido para que no incomodaran al presidente con sus preguntas y opiniones; muchos han señalado que estos jóvenes son trabajadores o becarios de alguna dependencia gubernamental o, en el peor de los casos, miembros del principal partido político que postuló a la presidencia a Enrique Peña Nieto.

Finalmente, nada indica que al mandatario del país le esté yendo bien en su mandato, pero lo más lamentable es que lo mismo nos está ocurriendo a los mexicanos. Nadie se puede alegrar de esta situación.