Microscopio Social – Página 13

La corrupción, hunde al país

*Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

La expresión general de los mexicanos es que la corrupción es uno de los principales males y una de las causas principales de la crisis económica y de credibilidad que vive nuestra nación.

Tuve la oportunidad de asistir este 17 y 18 de agosto al Foro Empresarial Anticorrupción convocado y organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y organizaciones sociales por la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, realizado en la ciudad de México. Lo que se aprecia y escucha en este tipo de reuniones es lo mismo: al país lo tiene hundido la corrupción, y lamentablemente son nuestras autoridades quienes de manera permanentemente están involucrados en este tipo de actos.

Esta convicción de los mexicanos no es errónea; datos y estadísticas nacionales e internacionales así lo corroboran. Por ejemplo, en el Índice Anual que publicó el martes pasado la organización, Transparencia Internacional, ubica a México, junto con Venezuela, Paraguay y Argentina, como una de las naciones más corruptas. De un total de 175 países en los cuales se efectuaron mediciones, Venezuela se situó en el lugar número 161, Paraguay en el 150, Ecuador en el 110, Argentina en el 107 y México en el 103 junto con Bolivia. Los países menos corruptos de América Latina resultaron ser Chile y Uruguay, que ocuparon el lugar número 21 de la lista encabezada por Dinamarca y Nueva Zelanda.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015, identifica a la corrupción y a la inseguridad como los problemas que más afectan a los mexicanos. El informe detalla que el 55.2 por ciento de la población tuvo una experiencia de corrupción cuando se enfrentó a las autoridades de seguridad pública, seguido por el 23.7 por ciento en los trámites del Ministerio Público.

En esta encuesta, Sinaloa ocupa el vergonzoso segundo lugar en la tasa de incidencia en corrupción, registrando 58 mil 322 casos por cada 100 mil ciudadanos, lo que significa que el 58.32 % de los sinaloenses se ha visto involucrado en un acto de corrupción.

En el Foro Nacional Anticorrupción se advirtió que es muy alto el costo de la corrupción para los mexicanos, pues equivale al 10 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa un billón 920 mil millones de pesos. En términos porcentuales esta cifra quintuplica el costo que este problema registra a nivel mundial, el cual es de un promedio del 2 % del PIB, según el actual informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin duda, la corrupción se ha convertido en una práctica común de la mayoría de los políticos mexicanos generando una crisis en la credibilidad de nuestros gobernantes. En los últimos años se ha incrementado considerablemente las conductas y acciones de las autoridades que lesionan a la sociedad, quizá el ejemplo más lamentable es la desaparición de 43 estudiantes en septiembre del 2014 a manos de policías en la sureña ciudad de Iguala. Se dice que fueron ellos quienes los entregaron a la delincuencia organizada, acción en donde se involucraron autoridades municipales aunque no se descarta la intervención del gobierno del estado de Guerrero y aún el mismo ejército, involucrando con ello al régimen federal.

Otro acto de corrupción que implica al presidente Enrique Peña Nieto es el caso de la llamada “Casa Blanca”, la casa de la pareja presidencial, la cual tiene un costo aproximado a los 7 millones de dólares y en cuya compra se involucra a un empresario que por muchos años venía sosteniendo negocios con el gobierno del estado de México y en los últimos años, con el gobierno federal.

Los gobernadores no se han escapado de acusaciones de corrupción. A través de los medios de comunicación los mexicanos nos hemos enterado de las denuncias hechas contra Javier Duarte de Ochoa, actual gobernador de Veracruz, por agresiones a periodistas y la muerte de al menos 17 de ellos. Asimismo, según el Informe de la Cuenta Pública 2014 presentado por la Auditoría Superior de la Federación, el daño patrimonial contra el erario de Veracruz asciende a 15 mil 772 millones 56 mil pesos.

Otro caso es el de Guillermo Padrés Elías, gobernador de Sonora en el periodo 2009-2015, señalado por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Existen averiguaciones previas y demandas judiciales contra Padrés, sus hermanos y su esposa, Iveth Dagnino de Padrés, por sustracción y tráfico de infantes recién nacidos.

Se suma a ellos, Andrés Rafael Granier Melo, gobernador de Tabasco en 2007-2012, a quien se acusa de desvío de recursos por un monto total de 918 millones de pesos. Algunos otros cargos giran en torno al lavado de dinero por 35 millones de pesos y defraudación fiscal por dos millones 552 mil pesos. También se la ha señalado como responsable del desvío de recursos del sector salud por 700 millones de pesos y la compra de medicamentos caducos entre 2008 y 2010.

El estado de Aguascalientes no se escapa de tener gobernadores acusados de realizar actos de corrupción. Luis Armando Reynoso Femat fue detenido en mayo de 2014 por el delito de peculado por más de 26 millones de pesos. El ex mandatario se habría validado de la compra de unos terrenos para hacerse de dinero público. Sin embargo, fue liberado pocos días después tras pagar una fianza de 30 millones de pesos.

Llama la atención que en los procesos electorales posteriores al ejercicio sexenal de estos y otros gobernadores acusados de corrupción, el voto ciudadano no ha favorecido al partido de origen de dichos ex mandatarios. Esto implica que la sociedad ya está harta de la corrupción de las autoridades y es en las urnas donde se está expresando su repudio.

A partir de enero del año 2017se relevarán en Sinaloa las autoridades ejecutivas, municipales y legislativas. El próximo gobernador, tal y como lo dijo él mismo, está obligado a integrar su gabinete con personas que sean ejemplo de probidad; de que tengan como objetivo único servir a los sinaloenses y no servirse de los sinaloenses. Por nuestra parte, estamos dispuestos a apoyar al gobierno que tenga como prioridad el beneficio de la sociedad mediante la implementación de políticas públicas ajenas a cualquier acto de corrupción.

Gracias y que pasen un excelente fin de semana.

Urge frenar la asfixiante deuda de estados y municipios
Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

A principios del 2016, la deuda de los estados y municipios respecto a participaciones federales superó el 80%, lo que equivale a un monto de más de 530 mil millones de pesos, una suma que se aproxima al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. De no controlarse a tiempo este nivel de endeudamiento, se pone en riesgo las finanzas públicas e incluso, por ende, la gobernabilidad del país.
Esta situación ya es motivo de alerta en algunas entidades y municipios, debido a que se podría comprometer su estabilidad financiera en los próximos años. Por ello, es urgente ordenar este rubro en apego a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la cual entró en vigor en abril.
Dicha ley establece los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a los gobiernos estatales y a los ayuntamientos, así como a sus respectivas áreas administrativas, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas. También estipula que los recursos públicos deberán administrarse con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Parecen de sentido común los principios que marca la ley; sin embargo, en una gran cantidad de entes públicos ha prevalecido la irresponsabilidad en el uso de los recursos públicos, por decir lo menos, y en otros casos lo que ha sido evidente es la deshonestidad. De ahí el énfasis que en la ley se hace de la adecuada administración financiera como condición sine qua non para frenar el desorden y salvaguardar la viabilidad del erario.
En este sentido, la ley contiene las reglas de disciplina financiera que deben marcar el quehacer cotidiano en los estados y municipios, señala los criterios para la contratación de deuda pública y otras obligaciones, y realza la importancia de la información y rendición de cuentas, medidas que son parte permanente del reclamo social de los ciudadanos.
La experiencia internacional muestra que una gestión responsable de las finanzas públicas fomenta el crecimiento económico y, por el contrario, la irresponsabilidad genera que la economía se estanque y crezcan los rezagos sociales.
En México ya hemos visto cómo el mal manejo de los recursos públicos ha generado la profundización de las carencias sociales, el incremento de la pobreza, la falta de oportunidades laborales y el aumento del costo de la vida; por tal razón, considero pertinente la entrada en vigor de esta ley y prioritario su cumplimiento por todos los sujetos públicos obligados.
El país requiere con urgencia de buenos gobiernos, que asuman como prioridad la disciplina financiera; la población no merece ni aguanta más a autoridades que actúen con irresponsabilidad y deshonestidad. Muy caro ha sido para el país el mal manejo del gasto público, así como el endeudamiento descontrolado. En los últimos años hemos visto cómo han crecido los rezagos; y es evidente que mientras haya gobiernos irresponsables, menos oportunidades de mejora social se tendrán en el país.
El descontento es grande, por lo que las demandas sociales deben ponerse en el centro de las políticas públicas. No atender los graves problemas que derivan de la indisciplina financiera potenciará más la problemática fiscal de estados y municipios, pero sobre todo incentivará al descontento ciudadano y una mayor pérdida de confianza en las instituciones.
El dinero público, sea de recaudación o producto de deuda, debe ser focalizado a las principales problemáticas. La gente requiere de mejores servicios públicos, atención a los rezagos en salud, educación y alimentación, entre otros, y para ello se requiere una correcta planeación financiera.
Debemos ser reiterativos en señalar lo imperioso que es el sano desarrollo de las finanzas públicas, así como la transparencia y eficiencia. El sometimiento a la ley es el primer paso, pero se debe poner especial atención a los funcionarios que administren el dinero público; debemos exigir gente honesta y capaz, que rinda cuentas, abiertos a la vigilancia ciudadana. Ese es el reclamo social y esa debe ser la oferta básica de todo gobernante.

Gracias y que pasen un excelente fin de semana.