El Tábano Legislativo

Por Solón y Licurgo

Balance del GP-PRI altamente positivo

El desenlace del debate presupuestario

La valoración mediática sobre el quehacer legislativo

El dilema de la oposición: colaborar o no colaborar.

Un mes después de iniciados los trabajos de la 63 Legislatura, después de muchos ires y venires, dimes y diretes, consecuencia de la incapacidad para generar consensos y alcanzar acuerdos mínimos en la materia, se aprobó el ajuste presupuestal para el funcionamiento del Congreso en la parte final de este año. Y se hizo de la peor manera posible: aquélla que el ahora grupo mayoritario denunciaba como expresión de la soberbia y prepotencia del entonces partido gobernante que frente a todo asunto acudía a la aplanadora.

Vamos a explicarlo: en la práctica legislativa existe lo que se llama voto ponderado. Se acude a este expediente cuando en la Junta de Coordinación Política se dificulta alcanzar acuerdos entre los grupos parlamentarios ahí representados –que son los que tienen derecho a voto—sobre los temas a debate. Y así lo señala el artículo 56, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso, el órgano colegiado “adoptará las decisiones mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos coordinadores representarán tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario”.

Muy bien lo explicó el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, al señalar en rueda de prensa que “el voto ponderado es el último recurso al que se llega cuando hay incapacidad para construir acuerdos; el voto ponderado es un anacronismo antidemocrático que desde ahora vamos a pedir que se derogue, y es un voto que los partidos de izquierda durante mucho tiempo estuvieron cuestionando justamente por su carácter antidemocrático”.

Así es. Es un expediente innoble en el ejercicio de la política. Ni en sus peores momentos el PRI utilizó el voto ponderado para imponer sus decisiones en la JUCOPO. Hoy, lo que vemos es el fracaso del diálogo, del acuerdo, de la negociación.

Es una forma absurda de dinamitar los puentes que debe haber en una instancia como el Legislativo donde están presentes todas las fuerzas políticas del estado, que convergen en un espacio común y compartido para trazar y definir políticas con sentido de futuro. Y este fracaso, como no puede ser de otra manera, va a la cuenta del grupo mayoritario, que sigue sin dar pie con bola en la tarea legislativa.

Pero, vayamos por partes: ¿Cómo quedó el ajuste presupuestal del legislativo? El propósito era reducir los ingresos de los diputados y colocarlos por debajo de lo que será el salario del presidente que asumirá el primero de diciembre: 108 mil pesos. Y ello había que lograrlo a como diera lugar. Si era necesario demostrar fuerza, capacidad para apabullar e imponer, había que hacerlo. Para eso se es mayoría.

El asunto es que, desde el principio, desde el inicio de la legislatura, desde que arrancó octubre, se les hizo bolas el engrudo. No había consenso interno, los agravios afloraron, se ausentó el espíritu de cuerpo. Ahí el PRI advirtió rapidez de reflejos: presentó su propia alternativa en materia presupuestaria, que reducía el ingreso global de los diputados, reordenaba partidas, y cancelaba arcaísmos y eufemismos a través de los cuales se ha ocultado el desaseo en las percepciones.

Era una propuesta racional y sensata. Sin excesos ni despropósitos, que apuntaba no solo a fijar con claridad –y a la baja— los ingresos de los diputados, sino a corregir distorsiones en el gasto de todo el Congreso, y a la cancelación de los criterios discrecionales en su ejercicio. Finalmente, dijo el diputado Jacobo Gutiérrez,  “lo que se está aprobando es un plan de austeridad limitado, a todas luces insuficiente porque como lo hemos venido diciendo, únicamente afecta un componente de los recursos que maneja el Congreso del Estado, y es el que tiene que ver con los ingresos y los apoyos que recibimos los legisladores”.

En fin, es un tema que se ha cerrado en falso. Habrá que estar pendientes.

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Lo que ha ocurrido en estos días en el Congreso, ha llamado mucho la atención no tanto de la opinión pública como de la opinión publicada. Entre los columnistas hay una muy extendida opinión de que la gestión del grupo mayoritario tiene un considerable déficit que puede conducir, de persistir en una conducta autoritaria e intolerante, a una crisis de institucionalidad. Es cierto que nadie se mueve hoy en un entorno plácido, y que más bien lo que predomina es un entorno de turbulencias, lo que obliga a poner en marcha gestiones deliberadas y/o gestiones emergentes, según las circunstancias.

Uno u otro tipo de gestión requiere rapidez de reflejos, y ello es una notable ausencia en la operación política de la nueva mayoría. A ello se refirió, por ejemplo, el columnista de Noroeste,Ernesto Hernández Norzagaray, en su artículo “Es la mayoría, ¡estúpido!” (28/10/18), en el que advierte “las graves debilidades” “por la inexperiencia y falta de oficio político de la mayoría de los legisladores de Morena”.

El de Hernández Norzagaray es un artículo interesante porque aborda el tema desde una perspectiva analítica diferente: desde la perspectiva de la presencia, por primera vez en Sinaloa, de un gobierno dividido, esto es, un escenario en el que el Ejecutivo y el Legislativo son controlados por partidos distintos. Esa mayoría absoluta, que puede llegar a ser calificada, que tiene Morena en el Congreso, le debería permitir el control de la agenda parlamentaria, y no resulta muy coherente que una segunda fuerza parlamentaria débil, con tan solo ocho diputados, le dispute esa prerrogativa.

Tiene razón Hernández en esta apreciación. Lo que no entiende es que el recurso a esa mayoría aplastante, como en el pasado –y aquí no cabe aquello de que como así lo hacía la vieja mayoría, así se va a hacer ahora—no contribuye a una ambiente de corresponsabilidad que exige el trabajo legislativo. La oposición, que por definición es minoría, no disputa ninguna prerrogativa, sino que defiende y reclama su derecho a no ser avasallada. Pide ser escuchada y atendida. ¿Es mucho pedir? ¿Es pedirle peras al olmo?

Entiéndase: el ajuste presupuestario no es un asunto prosaico de más o menos dinero. Es ante todo, un asunto de legalidad, un ambiente en el que el grupo mayoritario no se mueve como pez en el agua. Lo suyo no parece  ser el dominio de las rutinas institucionales, la comprensión de la legalidad, el respeto por las normas y las formas que regulan los intercambios entre los actores políticos del parlamento. En pocas palabras: un asunto que debió haberse ventilado en la JUCOPO –y haberse resuelto con el voto ponderado desde el principio—fue llevado primero a los medios, a los que se les dio la primicia de lo que la nueva mayoría ya había decidido. Era natural la respuesta de las demás fuerzas: no asistir a la sesión del órgano colegiado.

No hay “estrategias putschistas” que quiera aprovechar “debilidades”. Eso es querer ver moros con tranchetes. La conducta del GP-PRI ha sido clara y transparente. No se basa en una lógica de guerra. Se inspira en una lógica política. Busca acuerdos, compromisos, asunción de responsabilidades compartidas. Eso es colaborar aunque, ciertamente, como lo ha recordado EHN en su artículo, tiene también la opción de no colaborar con la mayoría.

Este último planteamiento me ha traído a la memoria una conferencia que hace alrededor de tres lustros dictó en la sede del Congreso, el distinguido académico español Manuel Zafra, creo que con el título “La calidad del gobierno depende de la calidad de la oposición”. Una exposición que hizo época y que todavía es citada en algunos espacios columnares. Al hilo de esta reflexión, en otro foro agregaría lo siguiente:

“La oposición tiene que ser colaboradora y competitiva. No se puede acusar a la oposición de no apoyar al gobierno (o al grupo mayoritario en el Congreso)… Si apoya en todo no sirve, se extingue el pluralismo. Puede no colaborar con el gobierno y ello es legítimo…”

Así que si el grupo mayoritario quiere ganarse la colaboración de la oposición, no puede acusarle de deslealtad.

En suma: un tema de debate asaz interesante el que plantea el artículo. Sobre ello seguiremos luego.

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Zurrapas legislativas.- Un excelente libro el que cita Arturo Santamaría en su columna de este sábado 3 de noviembre en Noroeste: “The moral bases of a backwardsociety”. Un texto que acaba de cumplir 60 años, y que centra una parte importante de su contenido en lo que denomina “familismo amoral”. A propósito de libros, en una conferencia mucho más reciente (2015), Zafra recomienda algunos textos, que se los pasamos al costo: “Respaldo político para buenas ideas”, de su propia autoría;  Creación de valor y gestión estratégica en el sector público”, y “La espiral del silencio”, de Elizabeth Noëlle-Neumann. Solo una frase: “lo que todos sabemos, pero nadie asume el costo de expresarlo en público”. Hasta aquí.

Por Solón y Licurgo

• Semana tormentosa en el Congreso del Estado
• Se perfiló una crisis institucional
• Pero terminó por imponerse la cordura
• La prensa en medio de la tormenta

 Algo grave pasa en el Congreso, decíamos en nuestra columna del pasado fin de semana. Penosos errores de conducción por parte de la presidencia de la mesa directiva; una instrumentalización del órgano colegiado, esto es, de la Junta de Coordinación Política; el desaseo institucional en el manejo de la legalidad a que todos los diputados están obligados; el azuzamiento de grupos cuyo comportamiento público evidenció una sistemática falta de respeto a los legisladores priistas; la presión sobre los propios diputados del grupo mayoritario por parte de su clientela recriminando que conversaran con los adversarios, fueron entre otros, algunos de los hechos que dieron cuenta de un clima de tensión y crispación que enrarece el ambiente que debe imperar para sacar adelante importantes tareas que están ahí, esperando en la agenda legislativa.

Y los hechos de esta semana no hacen sino constatarlo. Esa dinámica podía conducir, casi de manera inevitable, a una crisis institucional en el Parlamento. Así lo advirtió el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Jacobo. Frenar a tiempo ese estilo atrabiliario de conducción, la soberbia y prepotencia como rasgos distintivos de una cultura política que se resiste a desaparecer, se convirtió pronto en una exigencia. Desde la semana pasada, se había anunciado por los diputados priistas: de persistir la intolerancia y el estilo pendenciero, rijoso del presidente de la mesa directiva, se pediría su destitución.

Ciertamente, si algún espacio de la vida pública debe caracterizarse por la pasión –pero sin que ésta obnubile la razón—es el Parlamento. Pero una cosa es discutir con pasión, y otra recurrir a la violencia verbal e, incluso, física, contra adversarios que son considerados como enemigos, y que conduce a una lógica de guerra. El asunto podría no haber pasado a mayores, pues a final de cuentas los adversarios tienen capacidad de diálogo y encuentran un espacio común de entendimiento, y previsiblemente las cosas caminarían por ahí, pero la decisión de imponer a rajatabla la propuesta de austeridad presupuestal del grupo mayoritario, esto es, sin el consenso de las demás fuerzas representadas en el Congreso, detonó con fuerza el conflicto.

Hay un error de perspectiva en este hecho. Se insiste en que el conflicto gira en torno a los pesos más, pesos menos, que recibirán sus señorías. No. Es, ante todo, un asunto de legalidad. La JUCOPO, su presidencia, anunció, el lunes 22, antes de tener el consenso o decidir por mayoría a través del uso del voto ponderado, la decisión de aprobar el recorte presupuestario o, más bien, el recorte a los ingresos de los diputados. Estos se enteraron a través de las redes sociales, a través deyoutube de la decisión del órgano colegiado –la verdad es que en este caso hablamos de un eufemismo–, en una evidente falta de respeto a la más elemental de las legalidades en el funcionamiento del Congreso, y a la investidura de los diputados. La respuesta era natural: no asistir a la sesión de la JUCOPO en protesta por la actitud soberbia y prepotente. Y sin reunión de la JUCOPO no podía haber orden del día para la sesión del martes 23, o podrían haberlo aprobado recurriendo al llamado voto ponderado, utilizando su aplastante mayoría: 23 de 40 diputados, pero como su curva de aprendizaje sigue siendo lento, no le columbraron por ahí.

Ahí está la clave del conflicto que se desató en el Congreso esta semana y que crispó los ánimos. La presidencia de la mesa directiva al intentar instalar la sesión y dar lectura al supuesto orden del día, encontró de inmediato el rechazo de la bancada priista y panista. La presidencia de la mesa directiva apeló a un presunto derecho a establecer el orden del día en ausencia de decisión del órgano colegiado. En esta idea se atrincheró y no hubo poder humano que le hiciera reconsiderar lo que a todas luces no era sino una violación de la Ley Orgánica del Congreso.

Pudo más la soberbia y la prepotencia que un pequeño ejercicio de humildad. Reconocer el error hubiese sido suficiente. La legalidad no está para cumplirse a contentillo ni de manera casuística. Tiene que observarse de manera permanente y ello sólo puede lograrse a través de un proceso de aprendizaje, de una andadura que requiere acumular experiencia para evitar tropiezos y errores que evidencian la falta de profesionalismo.

La decisión de llevar adelante la sesión por parte de la presidencia de la mesa directiva, la falta de capacidad, el aprovechamiento numérico, grupos coléricos, conformaron un coctel explosivo. Por segunda vez el GP-PRI subió a la tribuna para reclamar respeto y atención a sus diputados que pedían la palabra. El presidente de la mesa escenificó un triste espectáculo y, lejos de propiciar orden y tranquilidad, exaltó todavía más los ánimos. Para colmo, entra en escena lo que ya ha sido bautizado como el Bronx de Morena en el Congreso. Finalmente, con dificultades, pero se impuso la cordura y el asunto no pasó a mayores, Para fortuna de todos. Pero ojo: hay un grupo –que no son ciudadanos interesados en la vida pública, sino empeñados en presionar e intimidar a los diputados opositores, a quienes se considera enemigos. Utilizados o no, son uno de los riesgos principales que pueden echar por la borda los esfuerzos de conciliación que impulsa un importante grupo de parlamentarios.

Pero tal como en su momento lo anunció el coordinador del grupo parlamentario del PRI, se presentó ante la JUCOPO la solicitud de destitución del presidente de la mesa directiva, y la petición de llevar ante la comisión legislativa correspondiente la revisión de su comportamiento, que atenta contra toda ética legislativa. Más todavía: el GP-PRI ya tiene preparada la estrategia para interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que considera una violación flagrante de la presidencia de la mesa directiva, es decir, desahogar un orden del día de la sesión del martes 23 que nunca fue aprobado ni discutido por el órgano colegiado.

Y en la incontrolable cadena de errores y despropósitos del grupo mayoritario en el Congreso, los medios fueron también víctimas, pues al retirarse de la sesión el GP-PRI en protesta y convocar a rueda de prensa, salieron del pleno a seguir la información. Unos juicios desafortunados sobre la prensa desde la tribuna atizaron todavía más la hoguera. El asunto traería sus consecuencias.

De ello se harían eco los dirigentes de dos de las agrupaciones gremiales del periodismo en Sinaloa. Desde su columna Observatorio, Alejandro Sicairos escribió: “Está muy bien que en el Congreso del Estado se abra el debate sobre la corrupción en el periodismo y los criterios de otorgamiento de publicidad oficial a medios de comunicación, pero no podrá ser en ese ambiente de linchamiento donde las diputadas Francisca Abelló Jordá y Karla Montero Alatorre ya instalaron el cadalso para la prensa sin que medie la cordura. Ellas, con la hoguera de la inquisición encendida, exhiben improvisación en este tema específico.” Por su lado, Juan Manuel Partida habría de llamar a manifestarse en el Congreso en protesta por la política de linchamiento contra los periodistas por parte de algunos diputados de la nueva mayoría.

Para el jueves 24 se puso en marcha una política de control de daños. En un gesto que la enaltece, la diputada Abelló hizo un ejercicio autocrítico que contribuyó a rebajar la tensión del ambiente político. Lástima que la hayan dejado sola sin el arropamiento de la dirigencia. Pero que habla y muy bien de su sensibilidad. Por su parte, el PRI, además de sendas cartas de solidaridad con las organizaciones de periodistas, presentó en tribuna, a través de la diputada Ana Cecilia Moreno, un posicionamiento que en sus partes medulares señala:

“Entendemos que el oficio periodístico, el ejercicio de las libertades, y, particularmente, el ejercicio de la libertad de expresión, tienen poderosos enemigos.

“Son aquellos que pretenden acallar toda voz crítica, y que desde la soberbia y la prepotencia, quieren presumir de una supuesta autoridad moral para decidir qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué ha de informar sobre cualquier hecho o acontecimiento.

“Y esto ocurre en muchas partes. Se trata de una política que pretende satanizar a los medios como ‘enemigos del pueblo’, cuando quienes impulsan esta política son auténticos enemigos de la libertad y pretenden que la prensa no cumpla con su función de contrapeso a los excesos y arbitrariedades de todo poder, de cualquier poder.”

Finalmente, las aguas recuperaron su cauce normal. Se distensó el ambiente e, incluso, un acuerdo por unanimidad: se obvia primera y segunda lectura de la iniciativa que reforma el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución General de la República, y adiciona al Código Nacional de Procedimientos Penales los delitos de cohecho, peculado y abuso de autoridad como delitos graves.

Y eso es, justamente, lo que requiere el Congreso para su funcionamiento adecuado. Todo parece indicar que desde la Secretaría General del Legislativo se ha empezado a operar en el propósito de limar las aristas más filosas de una relación de la que la línea más dura y confrontacionista quisiera que prevaleciera porque ese es su mero mole.

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Zurrapas legislativas.- Está por concluir el primer mes de trabajos de la 63 Legislatura… Ha sido de aprendizaje para todos. Claro, para algunos más lento que para otros… Andando se acomodan las calabazas y los bules… Y esta andadura apenas ha iniciado, evidenciando la naturaleza diletante de algunos parlamentarios, pero sobre todo, un discurso endurecido y un lenguaje de madera… Pese a las dificultades de un esquema inédito, hay avances importantes, acuerdos de consenso, y la posibilidad de que el diálogo cierre el paso a la intolerancia y la exclusión… La próxima semana, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institución  hará la evaluación correspondiente… La controversia constitucional por la ilegalidad en que se ha incurrido en la 63 Legislatura al desahogar un orden del día no aprobado por la JUCOPO, va. Y hay muchísimas posibilidades de que se gane, dicen expertos en el tema. Veremos.