Opinión

Los padres de familia se encuentran desubicados y confundidos sobre qué hacer y cómo actuar ante los hechos de violencia que se han suscitado en los últimos días en nuestra entidad y las posibles repercusiones que pueden tener niñas, niños, adolescentes y jóvenes que asisten a los planteles educativos del estado.

Las actividades de alrededor de 25 escuelas ubicadas en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, y comunidades aledañas, así como en la colonia INFONAVIT Barrancos, se han visto trastocadas debido a actos violentos que se han dado en las cercanías de estos centros escolares, a lo que se debe sumar el uso irresponsable de las redes sociales.

Ante estos escenarios, los padres de familia están desorientados: unos optan por sacar a sus hijos de las escuelas para darles protección y otros deciden que permanezcan en las aulas e instalaciones escolares; sin embargo, algo positivo puede surgir de esta circunstancia: que hagamos una reflexión sobre las condiciones materiales de las escuelas y la preparación de maestros y directivos para hacer frente a estos momentos difíciles que se han presentado, tema indisolublemente ligado a los programas que impulsan e implementan los encargados de Protección Civil a nivel estatal y municipal.

Hay muchos que consideran que lo más recomendable es no sacar a los niños de las escuelas en los momentos de violencia, aunque también se escuchan opiniones a favor de lo contrario. Por ello es importante recuperar lo que en tribuna del H. Congreso del Estado abordé en varias ocasiones cuando tuve la oportunidad de formar parte de la LXI Legislatura: las condiciones e infraestructura en que se encuentran la mayoría de nuestras escuelas.

En diferentes posicionamientos retomé las cifras y estadísticas reportadas por el INEGI a través del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2014 (CEMABE), en el cual se resalta, entre otros datos, que de un total de 5996 escuelas de educación básica, 5204 no cuentan con señales de protección civil; 4969 no tienen rutas de evacuación; 4467 no tienen salidas de emergencia y 4851 no tienen zonas de seguridad. Y a lo anterior habría que agregar decenas de insuficiencias.

Por estas cifras es que razono que también en un gran número de escuelas el personal carece de capacitación para hacer frente a condiciones en donde se pone en peligro a las comunidades escolares; es decir, se carece también de los protocolos necesarios para enfrentar estos momentos difíciles.

Las propias autoridades dan fundamento a la afirmación anterior. En recientes declaraciones, el delegado de la Secretaría de Educación Pública en el estado, Eligio Medina Ríos, lamentó que el ambiente de inseguridad esté trastocando la tranquilidad de los educandos, y reconoció lo siguiente: “Necesitamos un protocolo donde los niños, ante cualquier evento, los encapsule dentro de la escuela en áreas de mayor seguridad”: asimismo, recomendó que “los padres de familia estén en esa idea, porque naturalmente la seguridad de los niños puede ser mejor dentro de la escuela que en la calle o en el tránsito hacia su casa”.

También afirma lo siguiente: “Existen protocolos como Escuela Segura; sin embargo, ya están obsoletos y no cubren las necesidades de los tiempos actuales”. Estas declaraciones evidencian que se carece de los protocolos necesarios, y se contraponen a lo declarado por Luis Felipe Espinoza, coordinador nacional de Protección Civil, quien visitó Sinaloa hace apenas unos días y declaró que las escuelas no deben suspender las clases por cuestiones de violencia en sus inmediaciones o casos de emergencia, sino asumir los protocolos de protección. Así lo afirmó: “Se tienen protocolos establecidos para emergencias o temas de inseguridad, los cuales deben ser adoptados, bajo la instrucción de los maestros.

Finalmente, siempre he dicho que la palabra “hubiera” es la más inservible que puede haber. Incluso me trae a la memoria el posicionamiento que tuve en tribuna el 9 de diciembre de 2014, relacionado con la infraestructura educativa. En aquel momento afirmé que consideraba obligado y urgente que el gobierno del estado, los municipios, la misma legislatura y los consejos escolares de participación social, trazaran una estrategia inmediata para atender y remediar las condiciones de nuestros planteles educativos.

Propuse, también, que en esa estrategia se involucrara directamente la Dirección de Protección Civil del estado de Sinaloa, para que, con los reglamentos específicos existentes, se corrigieran las deficiencias tan marcadas en este renglón y pudiera realizarse un programa estatal de simulacros para las escuelas públicas mediante el cual preparara a los alumnos en el conocimiento de las señales de evacuación, apoyándose para ello en los cuerpos municipales de protección civil y los bomberos de cada localidad.

Ya pasaron dos años y tres meses desde que hice ese posicionamiento y poco se ha avanzado. Por este tipo de omisiones, los sinaloenses y los mexicanos repetimos constantemente la indeseable frase: “Después de ahogado el niño, a tapar el pozo”. Sin embargo nunca es tarde para actuar: hagamos lo que tenemos que hacer para proteger a nuestra niñez; claro que se puede.

Gracias; y que pasen una excelente semana.
Cuén.

La migración de los mexicanos hacia los Estados Unidos de América es un fenómeno histórico cuyo origen se encuentra, esencialmente, en tratar de hallar un trabajo más remunerado que mejore sus niveles de vida.

Este fenómeno tuvo su auge a finales del siglo XIX, pues se presentó como una opción para la población rural y marginada, principalmente de los estados y ciudades fronterizas.
Sin embargo, a raíz de la Gran Depresión a fines de los años veinte, los obreros de origen norteamericano presionaron con mucha fuerza en contra de los obreros migrantes, de tal manera que se generó un cambio en la política migratoria estadunidense.

En pleno proceso de la Segunda Guerra Mundial, el 4 de agosto de 1942, entró en vigor el Programa Bracero implementado por Estados Unidos, conformado por tres etapas con distintas características, y duró hasta 1964. Después de este último año, hubo diversas leyes estadunidenses para el control migratorio.

A pesar de que las circunstancias son muy distintas a las de aquella época, desde que era candidato al gobierno de Estados Unidos Donald Trump amenazó con expulsar a todos los inmigrantes que tuviesen una situación ilegal. Y hoy, ya como presidente, lo está cumpliendo rápidamente.

Estas acciones implican una infinidad de repercusiones para México, especialmente en los ámbitos económico y social. Acerca del primero, nuestro país tendrá grandes retos que afrontar ante la deportación de millones de connacionales indocumentados, siendo el principal reto la exigencia de generar un gran número de empleos. Sin embargo, las condiciones económicas de nuestro país no son nada propicias, pues ni siquiera los puede generar para los que residen aquí. Y estas decisiones, tomadas unilateralmente por el presidente Trump, se agravan todavía más por la amenaza de revisar y aplicar medidas sobre el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

Vale la pena revisar las estadísticas publicadas al cierre del año pasado. En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población desocupada oficialmente era de 1, 911,126 personas, pero esta cifra aumentará ostensiblemente con los connacionales que están siendo expulsados de Estados Unidos. Lo anterior sin contar a la población que está subocupada, y estimada en un 6.04% a partir de la ocupada  (52, 123,674), lo que nos arroja la cantidad de 3, 148,451, pero que sumada a la población desocupada asciende a 5, 059, 597 personas.

Si a las cifras anteriores se le adiciona la que será deportada —cuyo número es impreciso—, es evidente que se ejercerá una gran presión a la economía nacional, por lo que política pública sobre el particular tendrá que ajustarse rápidamente.

Ante estas circunstancias, México está obligado a voltear su mirada a otros mercados e inversionistas para convencerlos a que instalen nuevas empresas en nuestro país y con ello generar más empleos. Esto implica modificar, entre otras cuestiones, la actual política tributaria para hacer atractiva las inversiones tanto internas como externas y dejar de asfixiar al empresariado mexicano, incluso con medidas persecutorias.

En lo que respecta al ámbito social, el Gobierno federal, los estatales y municipales tendrán que ajustar con urgencia todos sus programas y políticas públicas, como las referidas al desarrollo social y humano; y dentro de estas, por ejemplo, las relativas a la materia educativa, de alimentación y de vivienda.

En este sentido, hay mucha tela de donde cortar para enfrentar tanto al fenómeno de deportación como al ajuste del TLCAN, que se deben a las drásticas y precipitadas decisiones que está tomando el presidente Donald Trump.

Lo anterior también exige que los partidos políticos mexicanos despierten de su letargo e inercias en que se encuentran desde hace varios años, situación que ha llevado a que la sociedad les haya perdido la confianza y su credibilidad esté muy cuestionada.

Esta problemática requiere atención inmediata, por ello de manera permanente nos encontramos observando con mucho cuidado y mesura todo este complejo fenómeno propiciado por las dañinas decisiones del gobierno de Donald Trump. Asimismo, nuestro instituto invita respetuosamente a todos los líderes políticos y sociales de México, y por supuesto de Sinaloa, para que aporten sus propuestas y, al mismo tiempo, exhorta a que los tres niveles de gobierno se pongan a trabajar con urgencia en todos aquellos temas que inexorablemente repercutirán en nuestro país.

Nuestros gobernantes ya cometieron muchos errores que han traído como consecuencia que millones de connacionales migren a Estados Unidos a buscar un nivel de vida digno que México les ha negado. Por tanto, ahora estamos obligados a trabajar para revertir este escenario, lo cual, lamentablemente, no se logrará a corto ni a mediano plazo.

Gracias y que pasen una excelente semana… Cuén.