Microscopio Social
Héctor Melesio Cuén Ojeda
El 26 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma de enorme trascendencia al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo núcleo esencial fue la calidad de la educación.
Por eso, el párrafo tercero del citado artículo hoy ordena claramente que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria —preescolar, primaria, secundaria y bachillerato—, para lo que establece que los materiales y métodos educativos, así como la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos, a fin de que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
Tal contenido normativo del párrafo de referencia, y todas las demás partes de que se compone, es muy importante. Sin embargo, en esta colaboración solo abordaremos el elemento de la infraestructura educativa por la necesidad que se tiene de mejorarla no solo en Sinaloa, sino en todo el país, como lo muestran los hechos y datos duros.
Por principio, según el Foro Económico Mundial, nuestro país ocupa el lugar número 102 de 124 en el mundo en lo que se refiere a la calidad de la educación, lo cual está estrechamente relacionado, entre otros aspectos, con el tema de la infraestructura escolar.
De acuerdo con cifras del sistema educativo mexicano, solo el 10% de las 246,341 escuelas poseen el certificado de calidad, debido a que el 20% de los planteles no cuentan con agua potable y cerca de 4,000 escuelas carecen de energía eléctrica; asimismo, el 36% no tiene drenaje, el 10% no tiene mobiliario adecuado para alumnos y profesores, el 59% carece de salidas de emergencia, 54% adolece de zonas de seguridad, el 24% cuenta con rampas para personas con discapacidad y solo el 10% tiene instalaciones sanitarias habilitadas para ese importante sector de la población.
Un estudio hecho por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) concluyó que solo el 55% de las primarias en el país cuenta con todos los espacios administrativos y de uso común necesario, tales como dirección, tienda escolar o cooperativa, almacén, patio de recreo, áreas verdes y baños. Ello significa que el 45% no tiene dicha infraestructura elemental.
En cuanto al mantenimiento y conservación de las instalaciones, solo el 50% de las primarias en el país posee planteles en buen estado, con una infraestructura bien conservada. En cambio, el 15% de las escuelas presentan problemas en el inmueble, tales como fisuras, cuarteaduras y otros daños visibles. Derivado de esta situación, el INEE y las comunidades educativas recomiendan diseñar políticas que atiendan de raíz el problema de la infraestructura educativa.
En Sinaloa, la situación en este tema no es mejor, puesto que según el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), en nuestro estado existen 5,103 inmuebles, de los cuales únicamente 3,689 fueron hechos para fines educativos y 1,414 fueron adaptados para estos fines.
De 4,131 inmuebles construidos solo para preescolar, primaria y secundaria, el 77% no dispone de rampas para personas con discapacidad, el 87.67% no cuenta con sanitarios amplios con agarraderas, el 36% carece de áreas deportivas y recreativas, el 16 % no dispone de plaza cívica, el 25% no posee cafetería o tienda escolar, 38 % no tiene cocina o comedor y el 46% carece de aula de usos múltiples.
Asimismo, del total de las escuelas en nuestro estado, solo el 13.21% tiene señales de protección civil, el 17.12% posee rutas de evacuación, el 25.49% cuenta con salidas de emergencia y el 19.09 % tiene zonas de seguridad.
Los datos revelan, además, que el 48.9% de los centros escolares no tienen acceso a drenaje y el 23% no cuenta con agua potable en la red pública. A estos aspectos básicos se suma que el 67.5% no posee acceso a internet, servicio fundamental actualmente para conectarse con el conocimiento global.
Ante esa situación general, el Grupo Parlamentario que coordina el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño en la LXII Legislatura, congruente con los principios, estatutos y programas de acción del instituto político al cual se debe, propuso una iniciativa de Ley de Infraestructura Física Educativa del Estado de Sinaloa, con el objetivo de que la niñez y juventud sinaloense tenga espacios más dignos en las escuelas y existan las condiciones adecuadas para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea de calidad, según lo recomienda la pedagogía moderna, y para que los objetivos de la reforma constitucional de 2013 se conviertan en hechos y no solo en postulados jurídicos.
Gracias y que pasen un excelente fin de semana.