*Por Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Cuando tuve la oportunidad de formar parte de la 61 Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, desde la tribuna alerté que los problemas sociales que se estaban engendrando en la entidad podrían evolucionar al grado de generar acciones violentas y, por tanto, momentos de ingobernabilidad.

Hoy, por desgracia, el tiempo nos está dando la razón. En aquellas ocasiones llamé la atención cuando abordé el malestar del personal del Ayuntamiento, al que no le estaban respetando sus derechos; asimismo, cuando los bomberos se manifestaron en el Congreso para plantear las condiciones precarias en que cumplen con su trabajo; de igual modo, cuando los pepenadores entraron en una contradicción con las autoridades municipales; pero también cuando reclamé enérgicamente que las condiciones de los planteles educativos del nivel básico tenían muchas precariedades y, además, cuando señalamos que la reforma educativa no iba ni va por buen camino.

También fuimos muy críticos en sobre cómo los municipios y el Gobierno del estado estaban adquiriendo deudas inmanejables; cuando señalamos la fallida reforma energética y el resto de las llamadas reformas estructurales; cuando criticamos la forma tan ineficiente en que se aplicaba el Fondo de Desastres Naturales; así como cuando hicimos notar el irracional incremento de las tarifas eléctricas y el costo de los combustibles; y en repetidas ocasiones abordamos la difícil situación económica por la que atraviesa el país.

Todas estos señalamientos que hicimos, y muchos más que compañeras y compañeros diputados subieron a tribuna, hoy están alcanzando un punto de extrema preocupación en Sinaloa.

Las autoridades que están a punto de concluir su periodo ofrecieron la alternancia, pero todo parece indicar que los sinaloenses nunca la percibieron. La cuestionada administración de los recursos financieros por parte del gobierno de Mario López Valdez no se dio al final del sexenio, sino desde un inicio. Recordemos algunas anomalías que se han detectado.

El 29 de julio de 2011 el Congreso autorizó al Ejecutivo gestionar un crédito de 2600 millones de pesos con el objetivo de realizar inversión pública productiva para reactivar la economía, pues en su solicitud el gobernador argumentó una aguda crisis económica debido a las heladas de inicio de 2011. Del análisis practicado a los estados de cuenta, en los cuales ingresaron las disposiciones del crédito, se detectaron retiros sin justificar y sin saber el destino de los mismos, ya que se transfirieron a otras cuentas.

El Gobierno del Estado desvió 1158,274,164 pesos del “megapréstamo” a fines distintos a la inversión de obra pública productiva, según lo detectó la Auditoría Superior del Estado (ASE).

En la revisión de la cuenta pública de la administración estatal correspondiente al segundo semestre de 2012, la ASE enfatiza que solicitará a la Secretaría de Administración y Finanzas un informe detallado sobre el impacto que tendrá en el ejercicio 2013 en las finanzas públicas y en los diversos programas de gobierno haber desviado dicha cantidad, equivalente al 45% del monto total aprobado por el Congreso del Estado.

Por otro lado, en 2013 el Congreso del Estado autorizó por medio del Decreto 805 contratar con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos créditos por 771 millones de pesos; un préstamo de 485 millones de pesos lo contrajo bajo el Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad de los Estados (PROFISE) para crear infraestructura general y en seguridad pública, además de refinanciar pasivos.

En 2014, la ASE detectó que la Secretaría de Administración y Finanzas desvió recursos de un crédito destinado a la construcción de obra pública; en esta ocasión fueron 182 millones de pesos del Bono Cupón Cero.

En la revisión de la cuenta pública del Gobierno del Estado correspondiente a 2013, el máximo órgano fiscalizador reportó que los 182 millones de pesos autorizados bajo PROFISE se usaron para cubrir pasivos a corto plazo del Gobierno estatal, y así lo determinó: “Estas observaciones no han sido subsanadas por parte de la administración de Mario López Valdez”.

Pero los problemas no terminan aquí. Durante 2015 y 2016, las quejas de empleados gubernamentales por falta de pago laboral se incrementaron; esto incluye a maestros de inglés y de telesecundaria, empleados del sector salud, químicos, ministerios públicos, peritos de la PGJE, alumnos que recibían becas de manutención, jubilados, maestros del COBAES, policías, empleados del C4 y C5 (encargados de la vigilancia en la ciudad). Todo ello está haciendo crisis a finales de este año.

Por si lo anterior fuera poco, también el Gobierno del Estado ha llevado al Congreso local algunas iniciativas que de una u otra forma afectan los intereses de los trabajadores del estado, con los que no ha establecido ninguna comunicación y mucho menos construido un consenso.
Por ejemplo, la modificación de la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, misma que contempla ampliar el periodo de jubilación de los empleados de gobierno, proponiendo pasar de 25 a 30 años; también pretende aumentar en 3% las aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado (IPES), pasando del 7.6% a 10.6% de su sueldo; y modifica la edad mínima para jubilarse, pues ahora se propone que sea a los 65 años. Un asunto crítico de estas iniciativas es que no señala si se aplicará al personal en activo o al personal de nuevo ingreso.

Estas y otras medidas causaron serias molestias entre el personal que presta sus servicios al Estado, a tal grado que este jueves pasado prácticamente los trabajadores paralizaron la actividad de varias dependencias del gobierno, entre ellas varias áreas de seguridad que por horas dejaron a la sociedad en plena indefensión.

Estos acontecimientos nos señalar que en Sinaloa no está muy lejano un movimiento que se asemeje a un estallido social.

¡Cuidado, no tenemos por qué poner en riesgo a la población!