Jorge Luis Telles

Sin fijar sanción económica alguna – a pesar de la gravedad de la falta y del monto de los recursos cuestionados – , la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, Guadalupe Yan Rubio, inhabilitó para el ejercicio de la función pública a dos servidores públicos de la administración de Mario López Valdez, que iniciaron y terminaron el sexenio con el rango más alto: secretarios del despacho.

Se trata, como seguramente usted ya está enterado, de Armando Villareal Ibarra, secretario de Administración y Finanzas y de José Luis Sevilla Suárez, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. El primero de ellos, malovista puro; el segundo, cuota para Acción Nacional; más concretamente, para Heriberto Félix Guerra, firme aliado del gobernador anterior.

Para ellos, así como para otros funcionarios más, no hubo castigo económico; pero si un dictamen de ilegibilidad para su desempeño en el servicio público. En el caso de Villareal, hasta por 7 años, en el del “Pepón”, solo por 3.

La gente, severamente agraviada, por lo abierto y descarado de la corrupción imperante durante el sexenio anterior, había pedido peces gordos y no simples charales.

Estos dos son algo más que peces gordos: verdaderos picudos del Mar de Cortez.

Y los que faltan todavía.

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Bien.

Ciertamente la ausencia de una penalidad económica en contra de los aludidos, parece ser lo de menos. Dinero es lo que les sobra a Villareal y al “Pepón”. Además nunca se sabe a ciencia cierta si en realidad las cubren o no. Al menos no hay información de que lo hayan hecho los malovistas señalados en el paquete anterior, mismas que promediaron 15 millones de pesos por cada pájaro de cuenta.

Y si la sanción poco importa, mucho menos la inhabilitación toda vez que, antes de esto, los aludidos, de cualquier manera,  no tenían la menor expectativa de ser llamados para cargo público alguno, al menos durante la administración de Quirino Ordaz Coppel.

El escarnio público, sin embargo, eso sí debe de doler.

Y mucho.

Hijo de un ex presidente municipal de Ahome, Armando Villareal se mueve entre los más altos círculos de la rancia aristocracia mochiteca, donde proclama su hombría de bien, su honorabilidad y su posición social.

El de José Luis Sevilla es un caso similar. Es hijo de don Jaime Sevilla Poyastro, secretario de Obras Públicas del gobierno de Antonio Toledo Corro y quien tuvo a su cargo – entre muchas obras más – la construcción de lo que se bautizó como “carretera costera”. “Pepón” también presume su roce entre la alta sociedad culichi; su honestidad y el prestigio familiar.

Cuestionar todo esto, precisamente, es lo que verdaderamente duele, más cuando se ha luchado estoicamente por llegar a tales niveles de vida.

Todavía, ciertamente, les queda el recurso de ubicarse en el papel de victimas políticas, perseguidas por el gobierno de Quirino Ordaz; pero los señalamientos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas son contundentes.

En el caso de Villareal – además de muchos otros milagritos – , el haber omitido enterar al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, retenciones a los trabajadores y diversas aportaciones patronales, que suman la nada despreciable cantidad de mil 175 millones de pesos, cuyo paradero es todavía un misterio indescifrable. También de esta área, inhabilitación por 6 años a su subsecretario Andrés Daniel Guzmán Cota, quien reportó, al cierre de ejercicio, saldo en bancos por mil 088 millones 671 mil pesos, cuando lo real eran solo 421 millones. ¿Acaso don Armando ignoraba las pillerías de su subalterno?

Por lo que a José Luis Sevilla concierne, se le acusa de suscribir par de convenios que superaron el 25 por ciento del plazo de ejecución y monto original de los contratos. Uno de ellos – así como para no dejar dudas -, la construcción del cruce ferroviario del boulevard Enrique Tamayo en esta ciudad; el otro, la edificación de la Unidad Administrativa de Servicios Municipales de Navolato. Además, como “pilón”, Sevilla suscribió contrato para la construcción del Centro de Justicia Penal de Sinaloa, región centro, sin contar con la autorización correspondiente. Esto le generó al gobierno estatal una obligación financiera del orden de los 79 millones de pesos, que no se han cubierto a la empresa contratista correspondiente.

Como usted puede ver, se trata de señalamientos concretos, plenamente fundamentados y adecuadamente documentados. Infantil, entonces, exponer la clásica persecución política como argumento recurrente.

Todo está claro.

¿Así o más bandidos?

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Y bueno.

Lo que extraña, a estas alturas, es la ausencia de acusaciones soportadas en contra de la Secretaría de Salud del gobierno malovista, señalada como la madre de todas las corrupciones de la administración anterior; pero, hasta ahora, su anterior titular, el doctor Ernesto Echeverría, está ileso, aunque, suponemos, no exento de preocupaciones.

De la secretaría de Salud se ha dicho todo lo imaginable, incluso por parte del responsable actual; pero, hasta ahora, las declaraciones no han pasado por Transparencia y Rendición de Cuentas, cosa que no les da, de momento, carácter oficial.

Dicen, no nos consta, que cuando esto salga a la luz, Villareal, Sevilla y secuaces que los acompañan, quedarán en condición de candidatos a la corte celestial.

Ya lo veremos, en su momento. Sin duda.

Por ahora, aunque ya se había tardado, el gobernador Quirino Ordaz Coppel da cumplimiento a su palabra en el sentido de que denunciaría todas las corruptelas y que, con bases firmes y documentadas, las turnaría a las instancias correspondientes.

Una parte de lo prometido se ha cumplido. Falta, sin embargo, lo más importante: el castigo cabal e inclemente para los habitantes de la clásica Cueva de Alí Babá y los 40 ladrones.

¿Qué digo 40? Muchos, muchísimos más. La pus brota por todos lados.

¿No?

= Nuevas denuncias penales contra malovistas

= Alto a su fiesta: el penal de Aguaruto los espera

= Incontables las corruptelas de la pasada administración

Jorge Luis Telles Salazar

 

En lo que es, de hecho, una puntual respuesta a los cuestionamientos e inconformidad de la sociedad, frente a la aprobación de las dos últimas cuentas de la nefasta administración de Mario López Valdez (por parte del congreso sinaloense), Rogelio Arturo Aviña Martínez, subsecretario de Responsabilidad y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas – del gobierno del Estado, naturalmente – dio la cara a los representantes de los medios de comunicación para dar a conocer dos puntos de suyo relevantes:

El primero de ellos: el avance del proceso respecto a la integración de tres expedientes, con denuncia penal incluída, contra ex servidores públicos de las secretarías de Turismo y Administración y Finanzas (del gobierno anterior) como complemento a la información proporcionada el 10 de julio próximo pasado, por la titular del ramo, la señora Guadalupe Yan Rubio.

El segundo: el inicio de dos nuevos procesos de esta naturaleza, otra vez contra ex funcionarios de Administración y Finanzas (vaya corte angelical la del honorable señor Armando Villareal) y también contra gente de la Secretaría de Obras Públicas, cuyo titular lo era el arquitecto José Luis Sevilla Suárez. Aquí hay involucrados otros diez, por lo menos.

Lamentablemente no se identifica a las blancas palomitas, que no se cansaron de robar frente a las meras narices del ex gobernador – por ahora absuelto de toda culpa, según se desprende de la decisión de los ciudadanos diputados a la sexagésima segunda legislatura – según esto porque no lo permite la ley correspondiente; pero ahora sí, cuando menos, conocemos más detalles de que como le quitaron recursos públicos a la hacienda estatal para desviarlos hacia su patrimonio familiar, sin temores, ni rubores de ninguna naturaleza.

Y en efecto, en su conferencia de prensa de ayer jueves, el señor Rogelio Arturo Aviña Martínez, fue claro y contundente en todos sus señalamientos.

Vamos por partes.

Caso uno: tres ex funcionarios de la secretaría de Turismo pagaron 8 millones 651 mil 798 pesos a distintas aerolíneas internacionales, bajo el concepto de “campañas vacacionales”. Anexaron, como comprobación, supuestas facturas y constancias de transferencias electrónicas; pero, a la hora de la comparecencia ante la Fiscalía ninguno de los tres pudo aportar un soporte documental sólido, ni mucho menos explicar en que consistieron tales campañas vacacionales, cuando se llevaron a cabo y a qué destinos de Sinaloa beneficiaron. Obvio, las únicas campañas fueron a favor suyo y de los suyos, razón por la cual se emitirá sentencia en el curso de 45 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación. Y si las cosas son, como deben de ser, Aguaruto los espera, señores míos, independientemente de su desprestigio moral – y lo peor: de su propia familia – ante la sociedad en general.

Caso dos: tres ex servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas (solo tres, como para que el reparto del botín fuera mayor en lo individual) alteraron documentación oficial para sacar provecho económico de recursos procedentes de acciones de fiscalización, en el marco del convenio de colaboración Estado-Federación. Se escudaron en el derecho del Estado a percibir incentivos por administración fiscal concurrente, para solicitarle al Sistema de Administración Tributaria (lease: SAT) la validación de diversos formatos que fueron alterados y a los que se agregaron cantidades diferentes a las obtenidas por conceptos de multas. Estos “pájaros de cuenta” – también bajo la jurisdicción del señor Villareal – causaron un perjuicio al Estado del orden de 14 millones 284 mil 276 pesos. Ya desahogaron sus audiencias de ley y están en espera del veredicto, que no puede ser otro que cárcel y reintegración de lo robado. Así de simple.

¿Qué en función de los 50 mil millones de pesos que manejó el gobierno del Estado como presupuesto promedio durante los seis años de la corrupta administración pasada, las aquí mencionadas son cantidades insignificantes? ¿Sí? Le invitamos, amigo lector, a que lea lo que sigue:

Caso tres: de conformidad con la denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del gobierno actual, ex servidores públicos (¡otra vez amigo mío!) de la Secretaría de Administración y Finanzas realizaron retenciones de aportaciones de trabajadores, sin que fueran oficialmente enteradas a la instancia correspondiente, dentro de los primeros diez días de cada mes, como lo marca la ley del ramo. Esto – váyase usted pa´ tras – generó un pasivo del orden de 998 millones 332 mil 035 pesos, que es solo una parte de lo que se le adeuda al Instituto de Pensiones del Estado, sin que nadie clarifique el paradero de esos recursos. Estos sinvergüenzas están en una situación similar a los de su pandilla, citados en los casos uno y dos. Es decir: en el término de los 45 días de espera para conocer su destino, que ineludiblemente tendrá que ser el penal de Culiacán, a quien otro ex gobernador (Juan S. Millán) bautizó, con gran pompa, como Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. (Ándale).

La cosa, por supuesto, no termina aquí. Se trata, antes bien, del comienzo de una serie de acciones, encaminadas a hacer valer el peso de la justicia contra esa bola de ladrones, más allá de los dictámenes del Congreso del Estado, respecto a las cuentas públicas del tristemente célebre gobierno concluido el 31 de diciembre del año próximo pasado.

Bajo esta circunstancia, existen ya dos procedimientos nuevos en curso, con características similares, mismos que deberán concluir en castigo con quienes incurrieron en el ilícito.

Uno de ellos, en contra de diez ex servidores públicos de la secretaría de Administración y Finanzas (de nuevo usted: señor Villareal) y de la de Obras Públicas (el “Pepón Sevilla”), por el indebido traspaso de 17 millones de pesos de una cuenta de recursos federales a otra de ingresos propios del gobierno del Estado, derivada de diversos contratos de obra, en los cuales – como pilón – se realizaron ampliaciones por encima del límite del 25 por ciento, que marca la ley.

Otro, cuyos detalles, por desgracia, no se dieron a conocer; pero que, según fuentes consultadas, se convertirá en un verdadero cañonazo. Así nos lo aseguran, al menos.

Y bien.

Las cantidades en esta columna señaladas – con base en la declaración del señor subsecretario de Responsabilidades y Normatividad – están muy lejos de las dadas a conocer en julio anterior por la señora Lupita Yan Rubio, lo que se interpreta, posiblemente, como que cuando menos algunas partidas fueron solventadas de manera aparentemente satisfactoria; sin embargo, de cualquier forma, los delitos ahí están y deben sancionarse con todo el rigor de la ley, más allá de que se trate de alguien – o algunos – con cierto peso en la política sinaloense. Robar mucho o robar poco (como “El Layin”, que quiso ser gobernador de Nayarit, precisamente bajo esta bandera) no los exime de responsabilidad.

Quisiéramos, obviamente, conocer los nombres de esta runfla de pelafustanes disfrazados de “gente decente”; pero no hay modo, al menos oficial, porque la ley lo impide. Tarde que temprano, sin embargo, la justicia los alcanzará. Si no la justicia de los hombres, si la divina, por lo menos.

¡Ojalá…!

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Mientras.

En su sesión del miércoles por la mañana – casi, casi en la madrugada – el cabildo de Culiacán avaló las reformas a la Constitución Política de Sinaloa, aprobadas en fecha reciente por el Congreso del Estado: la eliminación de dos párrafos del artículo 37 y la adecuación a las fracciones 22 y 22 (bis) del 43.

La historia se reeditó: aprobación por parte de los regidores del PRI y sus aliados, junto con los ediles del Partido Sinaloense. Y lo mismo sucederá en casi todos los ayuntamientos, excepto los gobernados por opositores al PRI y al PAS. Solo dos: Choix y Rosario.

Y es que, en tratándose de una reforma constitucional, además de la mayoría calificada en la cámara, se requiere de la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos de la entidad.

Así sucederá, en los próximos días.

¿Alguna duda?

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CORTOS.- EL presidente municipal de Culiacán, Jesús Valdez Palazuelos, se dejó ver por el auditorio del Modular Inés Arredondo, para atestiguar el acto de graduación de los pequeñines – algunos ya no tanto – que tomaron los cursos de verano, patrocinados precisamente por el ayuntamiento local. Chuy Valdez estuvo en la demostración y la disfrutó al lado de los padres de familia (y abuelos) ahí presentes. Motivado el alcalde les dio un premio adicional: toda una tarde de festejo en los toboganes y albercas del parque Ernesto Millán Escalante. ¿Qué tal?…ORALE.- La inconformidad del Partido Sinaloense, por el fallo adverso del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, está en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, desde donde vendrá una respuesta en el curso de los próximos días. Se trata de la rechazada intención del PAS en el sentido de que se incluya a los partidos locales en las elecciones para senadores de la República y diputados federales. Difícil una contestación satisfactoria; pero habrá que esperar. Pendientes… GULP.- Oficial: la sensación térmica que se experimentó en Culiacán el lunes próximo pasado fue del orden de los 52 grados centígrados, lo cual podría ser una marca histórica para el clima de nuestra ciudad capital. Eso explica el agobiante calor del arranque de la semana; insoportable, incluso, para quienes hemos radicado aquí durante toda nuestra vida. Y todavía dice Donald Trump que el cambio climático es un “invento de los chinos”. ¿Será?…EPALE.- ¿Qué crece y camina la Comisión Federal de Electricidad? Sí; pero por un lado, hacia abajo y por el otro para atrás. Nunca un verano tan complicado por las múltiples fallas en el suministro de la energía, como las que hemos padecido en los días de intenso calor, ante la rabia, coraje e impotencia de los usuarios. Suficiente, además, con las primeras caídas de lluvia para que se nos vaya la luz, con todo y los perjuicios que ello ocasiona. Y lo del subsidio, es casi casi un cuento, lamentan los usuarios, especialmente aquellos con estratosféricos recibos mes a mes. Vivimos en México, no hay que olvidarlo…VAMONOS.- Al ingeniero Jesús Higuera Laura, gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, no se le hizo su sueño realidad, en el sentido de que el equipo de la paramunicipal conquistara, por segundo año consecutivo, el campeonato de la poderosa Liga JAPAC de beisbol. De cualquier modo, sin embargo, está sumamente satisfecho por el grado de excelencia que ha alcanzado este circuito en todos sus renglones, lo que no es otra cosa que el resultado del trabajo, la capacidad de organización, la institucionalidad y el amor por este deporte. Todo ello, también, por el incondicional apoyo del presidente municipal Jesús Valdez Palazuelos, beisbolero de corazón…COLOFON.- Y hasta aquí. Nos vamos ya. De regreso a la realidad al concluir nuestros últimos días de “soltería”. Dios los bendiga. Ahora y siempre.

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