Futuro Incierto


Futuro incierto con los recortes presupuestales
y un presidente reprobado

Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

El presidente Enrique Peña Nieto llegó a su IV Informe de Gobierno con las peores calificaciones económicas y políticas de que se tenga memoria en la historia de México. Un presidente cuyo declive popular parece no terminar; a cada pifia, le acompañan decisiones absurdas y anticlimáticas, como el desacierto de invitar al candidato republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y cuyo resultado más evidente fue la renuncia de Luis Videgaray Caso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una de las personas más cercanas al mandatario.

El presidente Peña Nieto llegó al poder con sólo 38% de la votación, y durante su primer año de gobierno el nivel de aprobación popular rondaba el 50% en la mayoría de las encuestas. Hoy, todas las casas encuestadoras lo ponen por abajo del 30% y parece imposible que concluya su sexenio con el 50% con que lo hicieron Vicente Fox y Felipe Calderón. Desde luego, estos números no son fortuitos y las razones para el desánimo abundan.

Para empezar, se desvanecieron las expectativas de crecimiento que se habían creado cuando el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto alcanzó la aprobación de las reformas estructurales, las que según revitalizarían la economía al permitir la participación de capitales privados y atraer más montos de inversión.

Recientemente, ante la lentitud con la que se mueve la economía mexicana, el Gobierno ya volvió a recortar sus previsiones de crecimiento para este año; en ese contexto, dos calificadoras de riesgo, Standar&Poor’s y Moody’s, rebajaron las perspectivas económicas, básicamente por la incertidumbre que les genera el sostenido aumento de la deuda pública y el letargo productivo del país.

No obstante reconocer la problemática de la deuda pública, la Casa de Bolsa Finamex resaltó la dependencia ante el desempeño económico de Estados Unidos, e incluso señaló que la incertidumbre del proceso electoral en ese país podría afectar las inversiones extranjeras.

El escenario mexicano se está complicando tanto, al grado de que el Banco de México alertó sobre un posible estancamiento de la economía nacional. Esta institución expuso que, al estancamiento del sector industrial, se añadió un freno al crecimiento del sector terciario, y resaltó que por ello el consumo privado se desaceleró, mientras que las exportaciones manufactureras y la inversión mantienen un débil desempeño.

Para el prestigioso Centro de Estudios Espinosa Yglesias, ante la complejidad económica que enfrenta el país, la ineficiencia en la operación del Estado es importante. Asimismo, señala que los recortes presupuestales que vengan no se deben hacer sobre bienes públicos como la salud o la educación, sino hacer más eficiente al Estado.

Y mientras la economía se desvanece, el presidente Peña Nieto se devalúa más rápido que el peso, y como lo hemos dicho, el alto nivel de desaprobación de los mexicanos a su gestión no tiene precedente. Por ejemplo, en agosto la Consulta Mitofsky dio a conocer que el 65% de los mexicanos desaprueba la gestión del presidente, frente a un 29% de aprobación.

Este desafortunado panorama, además de la invitación expedida a Trump, obligó a Luis Videgaray a renunciar a su cargo; por cierto, sin ninguna argumentación de tal separación. Y quien lo sustituyó fue José Antonio Meade Kuribreña. En el evento protocolario de toma de protesta, el presidente fue claro y enfático en las instrucciones que le dio al nuevo secretario:

Primera indicación. El Proyecto de Paquete Económico 2017 que se presente al Poder Legislativo deberá contribuir a la consolidación de las finanzas públicas, logrando por primera vez en muchos años un superávit primario.

Segunda indicación. El nuevo titular deberá continuar con la aplicación de medidas de responsabilidad fiscal, a fin de contener y estabilizar el crecimiento de la deuda del sector público como proporción del Producto Interno Bruto.

Tercera indicación. El esfuerzo necesario para garantizar la estabilidad macroeconómica deberá ser a cargo de un ajuste en el gasto público de la Federación; es decir, le tocará al Gobierno de la República apretarse el cinturón, no a las familias, ni a las empresas de México. En este sentido, refrendo mi firme compromiso de que no habrá nuevos impuestos ni aumentos a los existentes. Insisto, el ajuste recaerá en el Gobierno y no en la ciudadanía.

De nueva cuenta, todo vuelve a ser una falacia. Ayer viernes, José Antonio Meade entregó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Egresos 2017. Lo primero que llama la atención es la reducción a los Programas Sociales, lo que impacta de manera negativa el bienestar de millones de familias.

Los sectores más afectados son Educación Pública, con 11.2% menos de presupuesto; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con 23.3%; Economía, con 33.7%; Desarrollo Territorial y Urbano, con 33.7%; Turismo, con 32.8%; Medio Ambiente, con 30.3%; Agricultura, con 24%, y Salud, con 6.4% menos.

Sin duda alguna, todas estas reducciones presupuestales provocarán más pobreza, mayor dependencia tecnológica, educación de menor calidad y, sobre todo, la ingobernabilidad en el país irá en aumento.

Gracias y que pasen una excelente semana.

La Corrupción Hunde al País

La corrupción, hunde al país

*Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

La expresión general de los mexicanos es que la corrupción es uno de los principales males  y una de las causas principales de la crisis económica y de credibilidad que vive nuestra nación.

Tuve la oportunidad de asistir este 17 y 18 de agosto al Foro Empresarial Anticorrupción convocado y organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y organizaciones sociales por la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, realizado en la ciudad de México. Lo que se aprecia y escucha en este tipo de reuniones es lo mismo: al país lo tiene hundido la corrupción, y lamentablemente son nuestras autoridades quienes de manera permanentemente están involucrados en este tipo de actos.

Esta convicción de los mexicanos no es errónea; datos y estadísticas nacionales e internacionales así lo corroboran. Por ejemplo, en el Índice Anual que publicó el martes pasado la organización, Transparencia Internacional, ubica a México, junto con Venezuela, Paraguay y Argentina, como una de las naciones más corruptas. De un total de 175 países en los cuales se efectuaron mediciones, Venezuela se situó en el lugar número 161, Paraguay en el 150, Ecuador en el 110, Argentina en el 107 y México en el 103 junto con Bolivia. Los países menos corruptos de América Latina resultaron ser Chile y Uruguay, que ocuparon el lugar número 21 de la lista encabezada por Dinamarca y Nueva Zelanda.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015, identifica a la corrupción y a la inseguridad como los problemas que más afectan a los mexicanos. El informe detalla que el 55.2 por ciento de la población tuvo una experiencia de corrupción cuando se enfrentó a las autoridades de seguridad pública, seguido por el 23.7 por ciento en los trámites del Ministerio Público.

En esta encuesta, Sinaloa ocupa el vergonzoso segundo lugar en la tasa de incidencia en corrupción, registrando 58 mil 322 casos por cada 100 mil ciudadanos, lo que significa que el 58.32 % de los sinaloenses se ha visto involucrado en un acto de corrupción.

En el Foro Nacional Anticorrupción se advirtió que es muy alto el costo de la corrupción para los mexicanos, pues equivale al 10 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa un billón 920 mil millones de pesos. En términos porcentuales esta cifra quintuplica el costo que este problema registra a nivel mundial, el cual es de un promedio del 2 % del PIB, según el actual informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin duda, la corrupción se ha convertido en una práctica común de la mayoría de los políticos mexicanos generando una crisis en la credibilidad de nuestros gobernantes. En  los últimos años se ha incrementado considerablemente las conductas y acciones de las autoridades que lesionan a la sociedad, quizá el ejemplo más lamentable es la desaparición de 43 estudiantes en septiembre del 2014 a manos de policías en la sureña ciudad de Iguala. Se dice que fueron ellos quienes los entregaron a la delincuencia organizada, acción en donde se involucraron autoridades municipales aunque no se descarta la intervención del gobierno del estado de Guerrero y aún el mismo ejército, involucrando con ello al régimen federal.

Otro acto de corrupción que implica al presidente Enrique Peña Nieto es el caso de la llamada  “Casa Blanca”,  la casa de la pareja presidencial,  la cual tiene un costo aproximado a los 7 millones de dólares y en cuya compra se involucra a un empresario que por muchos años venía sosteniendo negocios con el gobierno del estado de México y en los últimos años, con el gobierno federal.

Los gobernadores no se han escapado de acusaciones de corrupción. A través de los medios de comunicación los mexicanos nos hemos enterado de las denuncias hechas contra Javier Duarte de Ochoa, actual gobernador de Veracruz, por agresiones a periodistas y la muerte de al menos 17 de ellos. Asimismo, según el Informe de la Cuenta Pública 2014 presentado por la Auditoría Superior de la Federación, el daño patrimonial contra el erario de Veracruz asciende a 15 mil 772 millones 56 mil pesos.

Otro caso es el de Guillermo Padrés Elías, gobernador de Sonora en el periodo 2009-2015, señalado por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Existen averiguaciones previas y demandas judiciales contra Padrés, sus hermanos y su esposa, Iveth Dagnino de Padrés, por sustracción y tráfico de infantes recién nacidos.

Se suma a ellos, Andrés Rafael Granier Melo, gobernador de Tabasco en 2007-2012, a quien se acusa de desvío de recursos por un monto total de 918 millones de pesos. Algunos otros cargos giran en torno al lavado de dinero por 35 millones de pesos y defraudación fiscal por dos millones 552 mil pesos. También se la ha señalado como responsable del desvío de recursos del sector salud por 700 millones de pesos y la compra de medicamentos caducos entre 2008 y 2010.

El estado de Aguascalientes no se escapa de tener gobernadores acusados de realizar actos de  corrupción. Luis Armando Reynoso Femat fue detenido en mayo de 2014 por el delito de peculado por más de 26 millones de pesos. El ex mandatario se habría validado de la compra de unos terrenos para hacerse de dinero público. Sin embargo, fue liberado pocos días después tras pagar una fianza de 30 millones de pesos.

Llama la atención que en los procesos electorales posteriores al ejercicio sexenal de estos y otros gobernadores acusados de corrupción, el voto ciudadano no ha favorecido al partido de origen de dichos ex mandatarios. Esto implica que la sociedad ya está harta de la corrupción de las autoridades y es en las urnas donde se está expresando su repudio.

A partir de enero del año 2017se relevarán en Sinaloa las autoridades ejecutivas, municipales y legislativas. El próximo gobernador, tal y como lo dijo él mismo, está obligado a integrar su gabinete con personas que sean ejemplo de probidad; de que tengan como objetivo único servir a los sinaloenses y no servirse de los sinaloenses.  Por nuestra parte, estamos dispuestos a apoyar al gobierno que tenga como prioridad el beneficio de la sociedad mediante la  implementación de políticas públicas ajenas a cualquier acto de corrupción.

Gracias y que pasen un excelente fin de semana.