Opinión

Alerta por Tormenta Tropical

por

En medio de una alerta por tormenta tropical, que se extiende a todo Sinaloa, aparece en puerta un ajetreado fin de semana en muchos aspectos de la vida cotidiana de nuestra entidad.

Mire usted:

Sábado 07 de septiembre: por un lado, aquí en Culiacán, a partir de las 09 horas en el salón “Castilla” del hotel San Marcos, primer informe de Jesús Valdez como diputado federal; por otro, en Ceuta, municipio de Elota, concentración estatal del Movimiento Enlace Cívico Magisterial, con un motivo que ya se hizo tradicional: la celebración del cumpleaños del ahora senador Daniel Amador Gaxiola. Esta vez, el número 57, si no andamos equivocados.

Domingo 08: consulta ciudadana en ocho sindicaturas de la costa y del sur de Culiacán, sobre la creación del municipio número 19, con cabecera en Eldorado. Ejercicio que organiza el Consejo Estatal Electoral, bajo el auspicio de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del  Congreso del Estado.

Y por si esto fuera poco, el lunes 09, en la ciudad y puerto de Mazatlán, recuento de 29 casillas de la elección para diputado local por el vigésimo distrito electoral, mandatada por la sala regional del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara. Existe una delantera de 9 votos a favor del panista Martín Pérez sobre la priista Maribel Chollet; pero para el TRIFE todavía no hay ganador. El mismo lunes se conocerá el resultado oficial.

Algo así, como para mantenernos bastante entretenidos los que nos dedicamos al oficio del periodismo, ya elevado al rango de profesión por algunos compañeros del gremio.

Pendientes.

=0=

Y mientras.

Serio, meditabundo, ante una aromática taza de café y centro de la atención de todos los presentes en un establecimiento especializado que opera en las inmediaciones del jardín botánico de Sinaloa, Sergio Torres Félix, presidente municipal electo de Culiacán, nos dice:

= La verdad que yo le agradezco mucho al periódico El Debate su ejercicio de hace unos días, respecto a los nombres de quienes serán mis colaboradores a partir del primero de enero del próximo año; pero la verdad es que aún no tengo nada definido. No niego que algunos de ellos son mis amigos; pero otros ¡nada que ver! Esto, por un lado; por el otro, quiero dejarlo muy claro: no voy a convertir el ayuntamiento en un club de amigos. Lo que quiero es un verdadero equipo de trabajo, con gente capaz, honesta, comprometida y dedicada. Vamos a hacer grandes cosas por Culiacán; pero no lo voy a hacer yo solo. Por eso es que me voy a poner muy exigente con los requisitos para quienes quieran trabajar por la municipalidad.

= Hace seis años, cuando Vizcarra estaba por asumir la alcaldía de la ciudad – le comenté a Sergio – toqué con él este mismo tema y recuerdo muy bien su respuesta, como si hubiese sido ayer: “caray Jorge Luis, a cómo van las cosas, resulta que yo, que seré el presidente municipal de Culiacán, no voy a poder nombrar ni tan siquiera a mi chofer. Ni te imaginas. Hay presiones ¡cabronas! Por todos lados”… Sergio: ¿tú no estás en una situación similar?

El alcalde electo, que luce una camisa blanca, suelta, de buen ver, de corte informal, sonríe sin reservas; responde con efusividad  a los saludos de quienes entran y salen del local y contesta:

= Te soy sincero: hasta ahorita no. Lo que tengo es muchos curriculums que me llegan de aquí y de allá; incluso de personas que no solo no me apoyaron durante la campaña, sino que estuvieron abiertamente en mi contra. Sal tantito y asómate a mi camioneta para que veas el papelero; pero voy a analizar esos documentos con cuidado, para definir, en su momento, si les abro o no las puertas de mi administración. Presiones políticas hasta el momento no; pero, por supuesto que si las voy a tener y con mucha intensidad en la medida que se acerquen los tiempos. Cosa de discutirlo. De sentarme a platicar con los actores políticos de Sinaloa.

Torres Félix cambia su café por un agua de guayaba, fresca, pero no helada; da un primer sorbo a la bebida (“la guayaba es buena para contrarrestar la cruda y el calor, siempre me lo dijo mamá”) y continúa:

= En lo que me dices de Vizcarra, bueno, hay algo de cierto de eso. Yo estuve ahí cerca. Era secretario general del sindicato de trabajadores del ayuntamiento e iniciaba como diputado local. No, no creo llegar a tales extremos porque ahora los tiempos son diferentes. Vizcarra fue producto de la decisión de un gobernador al que le debía lealtad e institucionalidad y con el que tenía que acordar prácticamente todo. Yo fui resultado de una decisión de la militancia de mi partido y si aspiro a llevar una excelente relación con el actual gobernador, creo que el respeto mutuo será la base de esto. Y en ese respeto habrá diálogo y acuerdos; pero no imposiciones. Lo dejaremos claro, desde el principio.

El presidente municipal electo no se siente del todo satisfecho con la explicación. Pone en orden sus ideas y agrega:

= En este sentido yo aspiro precisamente a eso: a tener el respeto de todas las corrientes políticas de mi partido al momento de las decisiones sobre quiénes serán los nuevos funcionarios del ayuntamiento de Culiacán. Si habrá recomendaciones y muchas presiones, por supuesto; pero lo que no quiero es imposiciones porque así no salen bien las cosas. Los atenderé a todos; platicaré con ellos y llegaremos a acuerdos. Siempre sobre la base de que la amistad no será la prioridad. No quiero, repito, un club de amigos. A lo que aspiro es a tener gente calificada, con el perfil adecuado para cada cargo; personas con capacidad, responsabilidad, honestidad y claro, lealtad. Culiacán me dio una gran responsabilidad como para jugar con ella. ¿nó lo crees?

= ¿Algún adelanto? – solicitamos.

= No, ninguno. Es que, la verdad no tengo nada definido. Faltan todavía cuatro meses para llegar al cargo. Yo creo que en estos momentos, lo más sano, lo más prudente, es dejarle todo el camino libre al presidente municipal Aarón Rivas. Para qué estorbarle: lo está haciendo muy bien y cerrará todavía mejor.

= ¿Comunicación social?

=¡ Ese menos! Será el último. Tú serás el primero en saberlo. Te lo garantizo.

Usted tiene los comentarios, amigo lector.

=0=

En tanto.

La consulta del domingo, en ocho sindicaturas de la costa y el valle de Culiacán en torno a una posible municipalización de Eldorado (Emiliano Zapata, Baila, Quilá, El Salado, San Lorenzo, Tacuichamona, Higueras de Abuya y la propia sindicatura de Eldorado, por supuesto) propicia una serie de consideraciones, a través de las cuales se llega a una ineludible definición: este ejercicio será muy importante, sí; pero su resultado no representará  la decisión final sobre el particular.

Hay esto:

El “si” se va a imponer en el plebiscito dominical porque así votará la abrumadora mayoría de los residentes en la sindicatura de Eldorado, que representan algo así como un 60 por ciento de quienes tendrán derecho a votar – credencial en mano y padrón electoral de por medio, gracias al apoyo del IFE -; sin embargo, ya otras sindicaturas manifestaron públicamente su desacuerdo a formar parte del nuevo municipio, en el entendido de que ellos prefieren seguir en Culiacán. Y póngale nombres: Quilá, El Salado, San Lorenzo y Tacuichamona, por citar algunas, sino es que todas, excepto Eldorado.

En esas sindicaturas va a ganar el “no”, sin duda; pero, la pregunta es esta: aún expresando su negativa al proyecto ¿se les obligará a formar parte del municipio número 19 de Sinaloa?

Para esa interrogante ni tan siquiera el Congreso del Estado tiene una respuesta todavía porque si bien es cierto que en el inicio del proceso las fuerzas vivas de dichas sindicaturas se comprometieron a acatar el resultado de la consulta, ya hay cambio de opiniones al respecto, de tal suerte que se impondrá una nueva valoración de parte del Poder Legislativo en Sinaloa.

Sobre el particular, el diputado Luis Cárdenas Fonseca, presidente de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado, nos dijo, en su momento: “para que se dé una solución, tendrá que registrarse una respuesta contundente. Un “si” o un “no”, pero contundente. Que no deje sitio para las discusiones. Una diferencia mínima en la consulta tendrá que ser analizada por la cámara de diputados”.

En el mismo tema, la diputada Rosa Elena Millán Bueno, presidenta de la junta de coordinación política del congreso y casualmente originaria de Eldorado, puntualizó: “el resultado de la consulta será solo uno más de los elementos a considerar antes de tomar una decisión. Municipalizar una zona del estado no es solo cuestión de que queramos o no. Hay muchos requisitos a cumplir, previos a un acuerdo de tal magnitud, que deberán avalar, además, diez de los 18 municipios que hoy tiene Sinaloa”.

Efectivamente, la situación tiende a complicarse, precisamente por la negativa de las sindicaturas antes mencionadas. Ganarán los del “si” y seguramente lo celebrarán ruidosamente – más aquellos que ya se pelean las nuevas posiciones políticas -; pero tendrán todavía que esperar.

Y no poco tiempo, al parecer.

Digo.

=0=

Por otro lado.

De repente, todas las miradas de los políticos sinaloenses se han desviado hacia la sala regional del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, tras las resoluciones de los últimos días, las cuales vuelven a cambiar la fisonomía partidista de nuestra entidad.

Hablamos, por ejemplo, del regreso de la constancia de mayoría a Amado Loaiza Perales, en la elección para presidente municipal de San Ignacio.

Y por supuesto, también del mandato al Tribunal Estatal Electoral a recontar 29 casillas de la elección para diputado local por el vigésimo distrito electoral local, con sede en la ciudad y puerto de Mazatlán, en la que, literalmente, todavía no hay nada para nadie. Esos 9 votos de delantera de que presume Acción Nacional, podrían disiparse irremediablemente en cualquier momento.

Lo primero ya es cosa juzgada.

Lo segundo, aún no.

Y todavía hay asuntos pendientes sumamente interesantes, como lo son las elecciones municipales en Ahome y El Fuerte, que arrojaron como ganadores a candidatos de la coalición encabezada por el PRI; pero que la alianza liderada por el PAN está dispuesta a pelear hasta las últimas consecuencias, incluso con el respaldo de su dirigencia nacional.

Además del asunto de la diputación por Mazatlán, estos otros dos puntos podrían ser noticia en el curso de la semana.

Ya le informaremos.

=0=

Algo más:

En sus intentos de posicionarse en la carrera por la candidatura del PRI al gobierno del Estado, los tres senadores sinaloenses por este partido han entrado en sana competencia por los reflectores políticos tanto locales como nacionales. Los tres, son, por supuesto, aspirantes naturales en función de su alta investidura en la actualidad.

Recientemente, por ejemplo, correspondió a Daniel Amador Gaxiola, como secretario de la comisión de Educación del Senado de la República, fijar el posicionamiento de los senadores priistas con respecto a la Ley de Servicio Profesional Docente y fue concluyente en sus señalamientos en el sentido de que lejos de convertirse en un atentado contra los derechos laborales de los docentes, “se ha creado un marco jurídico apropiado para obligar al Estado Mexicano a brindar todo su respaldo al magisterio en su superación profesional”.

Por su parte, Diva Hadamira Gastélum Bajo presentò, en el pleno senatorial, iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a suscribir convenio sobre ciberdelincuencia, en el marco del llamado Consejo de Europa por tratarse del único acuerdo de corte internacional que da prioridad a la política contra la delincuencia cibernética, considerada ya como grave en nuestro país.

Y Aarón Irizar López, a su vez, ponderó, en su colaboración editorial para un diario de una organización periodística, la viabilidad de los tres grandes objetivos de la reforma energética: 1.- Fortalecer el papel del Estado como rector de la industria petrolera y energética; 2.- impulsar el crecimiento de la economía y 3.- bajar costos de gas y luz en apoyo al patrimonio familiar. Adelantó, por ende, su apoyo a la iniciativa en cuestión, convencido que su aplicación “nos acercará al desarrollo que reclama la nación”.

Tópicos interesantes los tres.

Habrá oportunidad de verlos, en vivo y directo, ahora que presenten su informe, aquí en Culiacán, ante la sociedad en general.

Luego les contamos.

=0=

A propósito.

Este sábado, a partir de las 9 horas, en uno de los salones del hotel “San Marcos”, el primer informe de Jesús Valdez como diputado federal. El representa al quinto distrito electoral, con sede en Culiacán, en el Congreso de la Unión.

Será un evento sencillo, ante representantes de los medios de comunicación, autoridades partidistas e invitados especiales.

Chuy Valdez ha sido un legislador muy participativo en la cámara federal y de intensa gestión en beneficio de sus representados. Ambos temas, propios de la responsabilidad de un diputado, serán tocados en el acto citado.

Por ahí nos veremos.

=0=

A manera de colofón.

Por ahora aquí la dejamos. Nos vamos ya, no sin antes invitarlo a que visite nuestro sitio de internet www.jorgeluistelles.com, donde encontrará las mejores columnas políticas de Sinaloa y la información del momento, actualizada minuto a minuto.

Esta columna, Agenda Política, también la encuentra en portales hermanos y en medios impresos tales como: el vespertino Viva Voz, de Eva Guerrero; el semanario Río Elota, de Guillermo Aguilar y los rotativos mensuales Vértice de Sinaloa (Rosa María Ríos/ Jorge Guillermo Cano Tiznado) y Nueva Visión, de Pedro Seminario.

En radio, escúchenos en Agenda Radio, en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, martes y jueves, de 17. 30 a 18 horas y en el noticiero de Víctor Torres, a través de Radio Formula, lunes y viernes, diez minutos antes de las 5 de la tarde.

Así las cosas, hasta aquí por hoy.

Ya nos fuimos.

Dios los bendiga.

Después de Conaculta: ¿Y las regiones?

por

Recientemente, a propósito de una conversación sostenida por diversos conocedores del tema, Fernando Escalante dijo que “El problema del crimen organizado existe como tal para una lectura federal. Allá abajo, en los municipios, en cualquier lugar, se experimenta de una manera distinta. Hay una mirada federal que no solamente desconoce la infinita variedad de realidades municipales, sino que desprecia a las instituciones municipales” (en “Nuestra guerra: una conversación”, nexos 407, noviembre de 2011, p. 42). Creo que con esta apreciación, Escalante Gonzalbo apunta una cuestión de interés no sólo para las políticas de seguridad, sino en general para la política pública en el país. Tal es el caso de la política pública cultural.

1. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), organismo rector en la promoción, difusión, apoyo y patrocinio de la cultura, sigue operando con la misma estructura, el mismo marco legal y los mismos programas con que nació en 1988, en el gobierno priista de Carlos Salinas de Gortari. Su relación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), continúa estando signada por una contradicción de origen: el estatuto jurídico de estos es superior al de aquél; mientras unos fueron creados por decreto legislativo, el otro lo fue por decreto administrativo del Ejecutivo. Todas las decisiones que se han tomado desde entonces, en lo concerniente a diseño organizacional, normativo y administrativo, han sido resultado de la improvisación y la ocurrencia. Una Coordinación de Ciudadanización se puede convertir, sin mayor explicación, en una Dirección de Vinculación. Las reformas de fondo siguen esperando ad calendas graecas.

2. No se ha avanzado una sola pulgada en el renglón de financiamiento. Se sabe que el CONACULTA ha registrado un incremento sostenido en su presupuesto anual desde hace varios años, pero esto no se ha traducido en mayores beneficios ni para los creadores, ni para los promotores culturales, ni, mucho menos, para las entidades federativas y los municipios. Para ponernos solamente en este caso, dígase que los convenios que se firman con los estados son los mismos que se acordaron desde la administración encabezada por Rafael Tovar y de Teresa en los tiempos de la presidencia de Ernesto Zedillo: fondos estatales para el estímulo a la creación artística, apoyos a las culturas municipales y comunitarias, cultura infantil, infraestructura cultural… no mucho más que eso. Igual ha pasado con los fondos nacionales como el FONCA, que sigue siendo el punto de referencia para los creadores en el país. Nada verdaderamente relevante  sucedió durante las gestiones panistas en lo que toca a financiamiento e inversión cultural (como no sean los desatinos de obras, que quisieron ser grandiosas por grandotas, como la saribermudezca biblioteca Vasconcelos). 1 

3. Con la política cultural en sentido estricto tampoco ha pasado nada más trascendente que las rosas. El mapa programático de la cultura en México es prácticamente el mismo de los últimos mandatos priistas: Festival Cervantino, ferias nacionales diversas (FIL, Palacio de Minería, etcétera), apoyo casuístico a programas estatales (festivales artísticos, una orquesta por acá, algo de cultura étnica o popular por allá), ¿qué más? El CONACULTA no ha elaborado una política que dibuje estrategias de desarrollo cultural por regiones a partir de la ubicación de capacidades y tendencias históricas regionales desplegadas por iniciativa pública, privada o social a lo largo y ancho del territorio nacional.

Todavía en el último balance de su gestión, Consuelo Sáizar, ex Presidenta de este organismo, afirmaba: “Los saldos pendientes, entre los que alcanzó a distinguir, son: definir la figura jurídica adecuada para el Consejo, diseñar el proyecto internacional del que ha carecido desde sus inicios, alinear la educación artística entre las instituciones que dependen de la SEP, el CONACULTA y el INBA, trabajar de manera más cercana con los estados para definir su vocación cultural, continuar con el proyecto electrónico, que es una forma de garantizar la memoria para el futuro, y democratizar los contenidos” 2 . Más allá de la pertinencia indiscutible de algunas de sus consideraciones, es evidente que para la ex funcionaria la insuficiencia de políticas públicas que galvanicen y fortalezcan el tejido social es, como dijera Ernesto Laclau, simplemente un impensable conceptual y programático.

La conclusión es vasta y abrumadora: increíble que a estas alturas de nuestra historia moderna y contemporánea, una de las asignaturas pendientes del quehacer cultural sea la definición, diagnóstico y despliegue estratégico de una auténtica política pública federalista y republicana. Increíble que sigamos subordinados a una narrativa conservadora y centralista que se desentiende de los contenidos regionales del texto cultural nacional. Y diré que, en efecto, no se trata de un asunto sencillo, aunque sí, y con eso debería bastar, de algo claro y evidente al tiempo que dramático y ofensivo dadas las condiciones actuales de nuestro(s) tejido(s) social(es).

Como sucede en el caso de la seguridad pública, se requiere construir una trama de significados distinta a la ya tradicional y convencional narrativa que destaca la ineficiencia o hasta el “anacronismo” de los programas orientados al fortalecimiento de dispositivos regionales, estatales, municipales y comunitarios de intervención social. En un plano, el de la seguridad pública,  se descarta, disminuye o, en el extremo, se anulan por completo los controles policiales municipales (como ha ocurrido en no pocos lugares del país)3 , en otro, el de la acción pública cultural, se imponen programas del centro a la provincia y se formaliza una política y una narrativa lineal y aplanadora de todo erizamiento, de toda diferencia regional (así ocurrió con las casas de cultura municipales y comunitarias que fueron virtualmente satanizadas como vestigios bucólicos de prácticas parroquiales y provincianas –no sé, por cierto, si nuestras burocracias culturales federales y estatales reconozcan la firma de André Malraux en esta línea programática:  con ella se inaugura en Occidente, ni más ni menos, la idea de una política cultural). En ambos planos está claro que se descuida miserablemente el primer eslabón de la cadena que articula la organización social, política y administrativa de la república: la comunidad municipal.

Para avanzar una nueva narrativa en materia cultural, me parece, tendrá que partirse de los contenidos característicos del discurso político convencional: México es una “Nación de naciones”, una Patria de matrias diría don Luis González y González, con una diversa, rica y, en cada caso, arraigada vida cultural que ha permitido a sus moradores establecer relaciones singulares con el mundo que les rodea, con el medio natural y sus semejantes. Ahora, a propósito del terrible flagelo de la violencia que lesiona la sana convivencia y las posibilidades de progreso de nuestras sociedades, es necesario volver la mirada a ese extraordinario legado histórico y a su representación actual a través de sus más distintas manifestaciones. Esto supone dejar atrás las tradicionales concepciones de la cultura como ornamento social o mera evasión del espíritu. Igualmente, tendrán que superarse los encasillamientos que la definen como “alta cultura”, “cultura popular” o “cultura de masas” o de “mercado”. En los tiempos que corren, estamos emplazados a pensar a la cultura como recurso. Solamente desde esta comprensión podremos asumir que, en efecto, “el papel de la cultura se ha expandido de una manera sin precedentes al ámbito político y económico, al tiempo que las nociones convencionales de cultura han sido considerablemente vaciadas”4 .

Vale la pena citar otra parte del texto de Yúdice cuando señala cómo “el concepto de recurso absorbe y anula las distinciones, prevalecientes hasta ahora, entre la definición de alta cultura, la definición antropológica y la definición masiva de cultura. La alta cultura se torna un recurso para el desarrollo urbano en el museo contemporáneo (por ejemplo, el Guggenheim de Bilbao). Los rituales, las prácticas estéticas cotidianas tales como canciones, cuentos populares, cocina, costumbres y otros usos simbólicos son movilizados también como recursos en el turismo y en la promoción de industrias que explotan el patrimonio cultural”5 .

Nadie discute la misión de proyectar una imagen de país, de nación, que la acción pública cultural tiene encomendada. Nadie discute tampoco su función como educadora en las disciplinas artísticas convencionales, proveedora de bienes y servicios culturales diversos (museos, teatros, festivales artísticos, ferias del libro, etcétera). Pero su tarea va, desde luego, mucho más allá: una verdadera política cultural deberá sustentarse, hoy más que nunca, en la demanda objetiva de las comunidades donde se crean los sujetos de la vida social, donde se gesta el déficit de cohesión y ciudadanía que padecemos. Precisamente por las razones que arguyen los políticos, los funcionarios públicos (empezando por el flamante titular de CONACULTA, Rafael Tovar y de Teresa6 ), los intelectuales, opinadores públicos y dirigentes sociales, la política pública debe considerar una recolocación sociológica y política del papel de la cultura.

De aquí que la idea y la práctica de la animación sociocultural (ASC) deba ser ensayada y debatida con más rigor y seriedad en países como el nuestro. La ASC se concibe como “un método de intervención territorial que, desde la cultura, a las personas con aspiraciones y necesidades no satisfechas, les facilite la posibilidad de reunirse en grupos para iniciar un proceso conjunto (…), interrelacionados en redes de cooperación”7 . De lo que se trata, ciertamente, es de concebir a los municipios, a sus centros urbanos y localidades, como espacios en los que coexisten fuerzas cohesionantes y fuerzas tensionantes, lugares en los que se generan representaciones y referencias que amplían o constriñen los horizontes de vida de la gente, lugares de integración y anomia, de inclusión y exclusión8 .

Para que esto suceda, tiene que tomarse una decisión que es, en última instancia, una decisión política: la de asignar nuevos y más poderosos alcances a la acción cultural. Igualmente, tendrán que recuperarse experiencias como la española, la brasileña y la colombiana (el trabajo en redes, el asociacionismo cultural, etc.). Y tendrá que elaborarse un estudio muy serio que permita contar con los registros antropológicos e identitarios, institucionales, emergentes y hasta comerciales del activo cultural de nuestras regiones y comunidades. Sólo así tendrá sentido georreferenciar el requerimiento, las capacidades y competencias culturales de la república cultural.

Ocurriría así un vuelco en nuestra política cultural, y estaríamos entonces, acaso, actuando en verdad con rumbos definidos en el diseño y despliegue de una política pública nacional auténticamente republicana y federalista.

Ronaldo González Valdés (Culiacán, Sinaloa, 1960). Sociólogo y ensayista, miembro del Consejo de Planeación del Centro de Investigaciones Artísticas y Culturales del INBA, profesor e investigador de la facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su último libro es Sinaloa: una sociedad demediada, México, Juan Pablos eds., 2008.

1 En relación con el federalismo presupuestal en cultura pueden, y deben, pensarse nuevos mecanismos y encontrarse nuevas vías por las que transite, con criterios de racionalidad política y administrativa, la gestión de las entidades públicas estatales y municipales, asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada abocadas a la tarea cultural. Es posible articular de manera plural una propuesta que permita arribar a acuerdos fundamentales acerca de la definición y distribución del presupuesto para la cultura. Cfr. González Valdés, Ronaldo, “El presupuesto para la cultura en México”, en nexos 371, noviembre de 2008.

2 “El balance de Sáizar en 1988-2012: cultura y transición”, en Proceso, 3 de diciembre de 2012, p. 82.

3 En la misma conversación, Fernando Escalante dice: “Necesitamos seguramente a la Policía Federal, desarraigada, ubicada en el Distrito Federal, con capacidad de despliegue rápido, por supuesto que sí, para combatir el gran delito. Pero necesitamos también ese otro eslabón que es el policía municipal”. El hecho tiene muchas aristas: ¿Qué va a pasar (qué está pasando) si desbandamos policías municipales por todo el territorio, como hemos hecho, si los ponemos en la calle y sustituimos esos pequeños controles locales por controles federales? (p. 42).

4 Yúdice, George, El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global, Barcelona, Gedisa, 2008, p. 23.

5 Ibid., p. 16.

6 En su primera declaración como titular del CONACULTA, Tovar y de Teresa dijo que para que el país transite exitosamente a la modernidad a que aspiramos, necesitamos considerar “elementos fundamentales en la reconstitución del tejido social que desafortunadamente, en los últimos años, se ha visto fracturado, incluso para la recuperación de una buena imagen de México en el exterior, que se ha visto dañada en los últimos años” (en Milenio, sábado 8 de diciembre de 2012).

7 Puig, T., Animación sociocultural, cultura y territorio, Madrid, Popular, 1988, p. 23.

1 Cfr. Pose Porto, Héctor, La cultura en las ciudades. Un quehacer cívico-social, Barcelona, GRAÓ, 2006,  p.41.

DOS A LA SEMANA

por

 

DESAPARECER LAS LICENCIAS

Jorge Aragón Campos

Ya tiene días en la agenda el tema de las licencias de conducir, por exigirse ahora, para obtenerlas, requisitos violatorios de las garantías individuales, los derechos humanos y la privacidad. La discusión entre autoridades y, muy señaladamente, el periódico Noroeste, que hasta un amparo anda promoviendo, se ha centrado en la ilegalidad de los nuevos requisitos, dejando de lado el punto trascendental sobre las licencias de conducir en nuestro estado.

En teoría, la licencia de conducir debiera ser una certificación de facultades, es decir que avalara, a quien la porte, como persona calificada para conducir vehículos automotores; así es en los países normales, por ello obtenerla en esos lugares es en verdad difícil: hay que aprobar exámenes teóricos, pruebas en simuladores, exámenes de salud, etc. aquí en cambio, la licencia sólo sirve para demostrar que hicimos una cola para pagarla; no en balde es un documento invalido en todas partes: no la aceptan en bancos, en comercios… es más, no la aceptan ni el mismo gobierno del estado, que es quien la expide. El único motivo para la existencia de tal documento es recaudatorio, y otra vez ahí tenemos la razón por la cual no es aceptada en ningún lado: tiene el mismo valor que un recibo del agua con el sello de pagado.

La discusión sobre este asunto y otros similares, debiera centrarse en el objetivo de las cosas, deberíamos estar discutiendo si realmente cumplen con los cometidos para lo cual fueron creadas, y no sobre las consecuencias de la última ocurrencia de algún funcionario de cuarta elevado a director o secretario, que es lo que seguramente ocurrió con los dichosos nuevos requisitos. Fue una torpeza más de este gobierno que, para variar, acabó dándose un nuevo balazo en el pie.

Por supuesto que los ciudadanos de a pie no deberíamos ni molestarnos con estos temas pero, sí, nos afectan y por lo tanto debemos actuar, por eso es importante atender los llamados a la rebelión, que en este caso es pacífica y, sobre todo, convocan a hacer valer la ley, pero ya se perdió la oportunidad de ir verdaderamente hasta el fondo: deberíamos estar pidiendo la desaparición de un documento que no cumple con ninguno de los fines para los que fue creado y, más bonito aún, le pega al gobierno donde más le duele: la lana.

pa´que sigan con sus puntadas